El GPPAN en la ALDF, en la persona del Diputado Rafael Medina Pederzini, Integrante de la Comisión de Gobierno y la Especial de Límites Territoriales presentó en los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa del DF un amparo en contra del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Santa Fe, contra el Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, ya que al publicarlo en la Gaceta Oficial avaló “el negocio” que representará la construcción de más de 5 mil 500 viviendas, en detrimento de los vecinos del poniente de la ciudad.
A nombre de los habitantes de la zona de Santa Fe, el legislador recordó que en este punto de la Ciudad no existe infraestructura urbana, y sumado al crecimiento indiscriminado de oficinas y viviendas ha impactado en la vulnerabilidad y marginalidad de los pueblos originarios.
El integrante de la fracción panista en la Asamblea Legislativa aseguro que “si se estuvieran haciendo las cosas bien, primero se debería crear la infraestructura urbana, llevar los servicios básicos a la zona y después desarrollar el proyecto de vivienda. Sin embargo, en el GDF lo hacen al revés: primero aprueban el Plan, después levantan la infraestructura, esto es inviable y demuestra que es más un negocio que buscar el beneficio de la población”.
Medina Pederzini sostuvo que el PPDU de Santa Fe se puede “echar para atrás”, porque las asociaciones de vecinos son la figura legal que puede interponer el amparo administrativo.
“Es posible revertir la decisión, argumentó, aunque se haya publicado, por ello se recurre a la figura de amparo administrativo, que se aplica cuando un ciudadano o la colectividad siente una afectación de la autoridad en sus derechos, es lo que estamos haciendo”.
El panista explicó que sustentan el amparo, en lo siguiente: se presentó un dictamen pericial que demuestra que el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Santa Fe es inviable, y esperamos que los jueces lo valoren igual, para revertirlo.
Rafael Medina agregó que la demanda está contra el Jefe de Gobierno, de los Secretarios de Gobierno y de Desarrollo Urbano y Vivienda; de los Directores de Desarrollo Urbano, de Administración Urbana y el del Registro de Planes y Programas del ramo, y contra quienes resulten responsables por avalar un Programa a todas luces ilegal y que afecta a los habitantes y visitantes de la región.