Guillermo Pimentel B.
El ex presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, el perredista Manuel Granados, boicoteó las estrategias de Gobierno Abierto, que abren, precisamente, la participación de las comunidades de la capital, de manera vinculante, en las modificaciones de uso de suelo, haciendo uso de mecanismos de participación ciudadana e innovación, como pueden ser las estrategias de Gobierno Abierto.
El coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Cuauhtémoc Velasco Oliva, presentó ante el Pleno de la Permanente de la Asamblea, las consideraciones que supone pertinentes para sumarlas al debate que deberá generarse en días próximos, tras “la voluntad pública del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera de someter a discusión la Ley de Desarrollo Urbano”.
El legislador sostuvo que la atención al problema no pasa por una visión generalizada de la urbe ni de la población. Al parecer del diputado, la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones y el aumento de las penas para infractores y corruptos se presentan como puntos irrenunciables en esta nueva etapa.
Velasco Oliva, recordó que la problemática del desarrollo inmobiliario no es consecuencia de un solo factor sino de la mezcla de faltas y violaciones al Artículo 41 de la mencionada ley, que ya lo admitió, inclusive, Víctor Hugo Romo -quien fuera en la V Legislatura uno de sus principales promotores-, así como de las cientos de faltas a la Norma 26 –hasta hoy suspendida- “cuyo objetivo era la promoción de desarrollo de vivienda popular en la zona urbana”.
El diputado precisó que entre las posibles soluciones que se contemplan al interior del Gobierno capitalino no deben girar en torno a una sola reglamentación que subordine en una perspectiva única a la diversidad de la que se compone la capital mexicana.
En este sentido, consideró importante que el Plan de Desarrollo Urbano no debe suprimir los planes de construcción de vivienda popular.
“No es posible que se elaboren planes y se busque darles la vuelta con normas válidas para toda la ciudad, sin tomar en cuenta las particularidades de cada localidad y que a la par del artículo 41 de la Ley de Desarrollo se legitimen construcciones irregulares como ha ocurrido en diversas ocasiones en la presente Legislatura”, lamentó.
Velasco Oliva advirtió de los problemas que se generan a la población de las zonas en las que se construyen desarrollos inmobiliarios, inclusive, ilegales, como sucede en la delegación Iztacalco, que vendrán a poner en jaque a los que ya viven en este lugar con carencias de servicios básicos como agua, luz, espacios públicos y graves dificultades de movilidad, que hoy se han recrudecido por el embudo vehiculas en que se ha convertido esta demarcación por su cercanía con ciudad Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, del Estado de México, principalmente.
“Al revisar los distintos problemas que aquejan el uso de suelo y la construcción de vivienda, se observa una situación muy delicada, existe una violación generalizada de los programas parciales, Uno es lo incorrecto de las leyes y de las facultades de las autoridades, así como disposiciones que están hechas para violentar los planes establecidos. Todo ello, en un marco generalizado de corrupción e intereses particulares a costa del bienestar social”, advirtió.
Puntualizó que todas estas situaciones deben de ser puntualmente atendidas, tomando en cuenta además la crisis de vivienda por la que atraviesa la Ciudad de México.
Al citar datos diversos en los que se da cuenta del incremento del 90 por ciento en costos de vivienda en la Ciudad de México con relación a la zona conurbada, el asambleísta, sentenció que durante la elaboración de los Planes de Desarrollo Urbano Generales y Parciales, se deben construir consensos con todos los sectores de la sociedad.