El jefe delegacional en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, advirtió que en esta administración se terminó la época del “charolazo”; es decir, los actos de corrupción con los que se extorsionaba a comerciantes, empresarios o ciudadanos, a cambio de dejarlos supuestamente trabajar en la ilegalidad.
En conferencia de prensa que ofreció en la sede delegacional, y acompañado por el Fiscal de Investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en esta demarcación, Néstor Noé Camacho Mendoza, Romo Guerra dio a conocer la detención de un funcionario que trabajaba como Jefe de Zona en el área de Vía Pública y extorsionaba a comerciantes.
El delegado explicó que el trabajador contaba con más de diez años de antigüedad en esta administración y está basificado, además, dijo, las actividades ilícitas que cometía como servidor público de la delegación, fueron detectadas después de una denuncia ciudadana, a través de la línea telefónica Corruptel, por lo que su detención se hizo justamente después de cobrar “su cuota”, el pasado sábado 12 de enero a los comerciantes.
“No aceptaremos que la corrupción, el cohecho y la charola sean una tradición y una forma de hacer las cosas y por eso cualquier funcionario que sea sorprendido o denunciado por prácticas de este tipo, enfrentará a las instituciones de justicia, con las que la delegación coadyuvará para garantizar la erradicación total de todo tipo de corrupción”, mencionó.
Asimismo, comentó que de acuerdo a la normatividad y leyes vigentes en la materia, las acciones del servidor público se configuran como un delito grave, cuya pena es de 3 a 7 años de prisión.
En su oportunidad el Director General de Gobierno y Participación Ciudadana, David Razú Aznar, explicó que actualmente existen 47 trabajadores de vía pública que están debidamente uniformados e incluso sus casacas se encuentran enumeradas para ser identificadas de inmediato, por lo que cualquier anomalía puede ser denunciada directamente al teléfono de Corruptel, que es 9150-6150
Agregó que desde el 1 de octubre pasado a la fecha se han levantado cerca de 600 puestos ambulantes de vía pública que no contaban con los respectivos permisos o, bien, no cumplían con lo estipulado en los mismos.
Razú Aznar dijo que no era posible aceptar ningún tipo de ilegalidad, ya que antes de otorgar más permisos para vender en la vía pública, primero se pondrá orden. “Hasta el momento no se ha dado ningún permiso para vender en vía pública en toda la administración porque ésta ha sido una instrucción del delegado Víctor Hugo Romo, y mientras no haya orden, no podemos abrir esa puerta, primero tenemos que ordenar", concluyó.
Por su parte, el Fiscal de Investigaciones Desconcentradas de la PGJDF en Miguel Hidalgo, Néstor Noé Camacho, aseguró que las autoridades judiciales no permitirán la impunidad, ya que mientras existan pruebas y parte acusadora, se procederá conforme a derecho para combatir los actos de corrupción.
El Fiscal subrayó que se cuenta con un denunciante y dos testigos, quienes eran víctimas de los actos de extorsión.
Estuvieron también presentes en la conferencia de prensa el Director General de Seguridad Ciudadana de Miguel Hidalgo, Abraham Borden Camacho, y el Subdirector de Vía Pública, Miguel Ángel Bermudes.