Leopoldo González, Vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora y Similares de la República Mexicana, y el presidente de la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos de la ALDF, Rubén Escamilla Salinas, acusaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de proteger a Walmart y ANTAD, y la responsabilizaron por la desaparición que haya de mercados públicos y tienditas de conveniencia, así como tortillerías y panaderías, entre otros negocios familiares al invalidar la Norma 29 sobre uso de suelo para dar “manga ancha” a las grandes cadenas comerciales trasnacionales.
En entrevista, por separado, Leopoldo González sostuvo que se afectará al comercio tradicional con esta determinación de invalidar la norma emitida por el Gobierno del Distrito Federal en 2011 para restringir la instalación de tiendas de autoservicio y proteger a los mercados tradicionales, misceláneas y tiendas de abarrotes, ya que el establecimiento de estas tiendas comerciales va en detrimento del comercio tradicional, de la pequeña y mediana empresa quienes generan el 90 por ciento del empleo en México.
Recordó que por cada empleo que da una tienda de supermercado quita siete empleos en la zona en la que existe comercio tradicional y en menos de cinco años la mitad de los comercio ubicados en las inmediaciones de las grandes cadenas comerciales cierran, generando desempleo, delincuencia y ambulantaje.
Lamentó que los magistrados de la Suprema Corte de Justicia hayan otorgado 10 votos contra uno, para determinar que la Norma 29, expedida por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, viola el artículo 28 de la Constitución por ser contraria a los principios de libre competencia y libre concurrencia, además de atentar contra los intereses de los consumidores.
Por su parte, abordado en la ALDF, Escamilla Salinas lamentó la decisión de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de invalidar la Norma 29 en materia de mercados públicos en la ciudad de México, misma que regulaba la instalación de tiendas de autoservicio y tiendas de conveniencia en la cercanía de mercados públicos.
Indicó que tal decisión sólo beneficiará a un monopolio integrado en su conjunto por las grandes cadenas de tiendas de autoservicio que ejercen una competencia desleal contra los centros de abasto popular y las tiendas de abarrotes, mismas que actualmente siguen ofreciendo los precios más accesibles a los habitantes de menores recursos.
"Los ministros de la SCJN propiciaran la concentración de alimentos en toda la ciudad en unas cuantas empresas, lo que a su vez creará un monopolio en el sector de abasto de la capital", lamentó el legislador integrante de la fracción del PRD en la ALDF.
Leopoldo González, criticó la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues “sólo otorgó beneficio de cuatro o cinco empresas quienes tienen ya un poder monopólico y monopsónico en México, sin que las leyes las sancionen por prácticas comerciales desleales”.
Explicó que la Norma 29 se legisló porque las tiendas de autoservicio, principalmente Walmart, estaban violando los usos de suelo en toda la ciudad, además de que no hay que olvidar que Walmart tiene un proceso abierto en Estados Unidos por corromper a funcionarios Mexicanos, dijo.
Advirtió que ahora los establecimientos mercantiles podrán vender artículos que conforman la canasta de productos básicos y de manera complementaria, la de ropa y calzado, bajo el sistema de autoservicio, y con el uso de tienda de autoservicio, supermercado o mini súper podrán situarse en predios sin importar el lugar y la afectación que generen al entorno económico-social.
En tanto, el asambleísta perredista refutó al ministro de la SCJN, Alberto Gelacio Pérez Dayán, quien argumentó que dicha norma (29) va en contra del artículo 28 Constitucional transgrediendo la libre concurrencia y competencia, pues, subrayó que hay que enfatizar que dicho artículo señala claramente que no se pueden tener monopolios en México.
En su párrafo segundo, versa dicho artículo: “…la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesarios y que tenga por objeto obtener el alza de los precios”.
Luego, instó al Gobierno del Distrito Federal, a la Secretaria de Desarrollo Económico, así como a las 16 jefaturas delegacionales a presentar las alternativas para la modernización de los mercados públicos y que estos puedan ser competitivos en materia de horarios, venta de productos, seguridad para los usuarios y comerciantes, limpieza y sobre todo mejores precios.