Crece el escándalo
Guillermo Pimentel B.
Como era de esperarse, vecinos de las 16 delegaciones del Distrito Federal iniciarán movilizaciones y solicitarán amparos contra la decisión de Manuel Granados Covarrubias y los perredistas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), por aprobar el pasado nueve de julio cambios de uso de suelo en una sesión extraordinaria que fue ilegal y amañada.
Los ciudadanos afectados por la decisión de la ALDF de aprobar cambios al uso de suelo -de habitacionales a comerciales- a varios predios localizados en Bosques de Chapultepec y Polanco, iniciaron las acciones legales para ampararse ante tal determinación.
Susana Kanahuati, de la organización Vecinos Unidos, alertó además sobre el “delicadísimo tema” de que si para el próximo miércoles a más tardar el jefe de Gobierno no ha regresado a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) los 14 dictámenes que los diputados devolvieron al gobierno, “correrá inmediatamente la figura jurídica Afirmativa Ficta, que significaría que los dictámenes que devolvió la ALDF al jefe de Gobierno podría aprobarlos la Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal sin pasar por la discusión de la ALDF”.
Es de mencionar que durante el periodo extraordinario que llevó a cabo la ALDF el jueves pasado figuraron en la orden del día 47 dictámenes sobre cambios de uso de suelo, mismos que no se dieron a conocer a los medios de comunicación.
En la sesión que concluyó pasadas las 4:00 horas de la madrugada del viernes, del total de 47 dictámenes de uso de suelo sometidos a votación del pleno, los legisladores terminaron desechando 27, en tanto que 14 los devolvieron al gobierno y aprobaron seis.
Kanahuati señaló que para impulsar los cambios en los usos de suelo, las autoridades capitalinas argumentan que se requieren casas de interés social, “dicen que hacen falta 70 mil viviendas pero hoy en la ciudad de México hay una enorme cantidad de edificios vacíos, construcciones que se hicieron violando la norma 26, y encareciendo el uso de suelo. Por ello, para las grandes capas sociales hoy es más difícil acceder a una vivienda”.
“Las autoridades están apostando a una vivienda media de dos millones de pesos, esa vivienda solo atiende a un mínimo porcentaje de la población que realmente necesita una casa, porque la demás ya fue expulsada de la ciudad de México, entonces se siguen escudando en el mayor grupo de la población que tiene esa carencia de vivienda y para la cual va a seguir siendo inalcanzable porque siguen los actos de corrupción”.