Manuel Granados Covarrubias trata de engañar a la ciudadanía promoviendo leyes a modo, denunció la Red Vecinos Unidos, al alertar que la iniciativa de reforma a los artículos 41 y 42 de la Ley de Desarrollo urbano del Distrito Federal, presentada por wel jefe de gobierno Miguel Mancera Espinosa durante su Tercer Informe de Gobierno, es otro engaño al pueblo.
Los dirigentes de esta red acusan que atrás de todo ello está el actual Consejero Jurídico del gobierno capitalino, Manuel Granados, quien desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal viene operando un proceso de obras que solo tiene como fin fortalecer el proyecto político de su jefe.
Por ello aseguran que esa Ley es un nuevo intento de engañar a la ciudadanía y seguir haciendo leyes a modo. “La ley no se negocia. No derogan ambos artículos toda vez que constituyen la herramienta legal proyectada por la actual administración para profundizar el boom inmobiliario y edificar los llamados corredores culturales en diversos puntos de la ciudad, atractivos desde una perspectiva netamente mercantil”, denuncia la Red Vecinos Unidos.
En el mismo documento que difundieron los directivos de dicha organización se agrega que todas estas modalidades responden a una lógica de acumulación y despojo, a un proceso de gentrificación dictado por capitales extranjeros y acatados por quienes cumplen la función de simples administradores de lo que se ha convertido en una franquicia administrada por el Gobierno del Distrito Federal.
“Los vecinos hemos detectado al menos 17 cambios profundos que deben hacerse a varios artículos de la Ley de Desarrollo Urbano, integrar los artículos 53 al 57 de la Ley General de Asentamientos Humanos, realizar modificaciones a nueve normas generales de ordenación y crear normas técnicas complementarias a fin de terminar con la discrecionalidad y contradicciones de la normatividad actual, darle certeza jurídica a constructores y ciudadanos, e iniciar un proceso de planeación integral, tanto del suelo urbano como de las áreas de conservación”.
Finalmente la RVU reitera su demanda porque las autoridades capitalinas sancionen a los desarrolladores, funcionarios delegacionales, de Seduvi, Invea y DRO´s que avalaron o fueron omisos en hacer cumplir la normativa vigente, porque “mientras no exista voluntad política de respetarla, los ciudadanos no tendremos confianza en el gobierno capitalino”, sentenciaron.