Esta semana que inicia, el diputado del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Víctor Hugo Lobo Román, presentará ante el pleno la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Norma de Ordenamiento Número 26, que forma parte de la Ley de Desarrollo Urbano y del Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
La iniciativa establece que la nueva Norma 26, quedaría de la siguiente manera: “La presente Norma 26 aplica para los Programas de Vivienda impulsados y financiados por el Instituto de Vivienda del Distrito Federal (INVI), además de ser gestionados por grupos sociales y asociaciones civiles sin fines de lucro de la ciudad de México y bajo la vigilancia de éste organismo”.
El legislador perredista aclaró que la reforma propuesta no busca bajo ningún motivo afectar el espíritu de la citada Norma, toda vez que hay sensibilidad ante la necesidad de 28 mil viviendas anuales en la capital del país. “Es un tema que nos corresponde resolver a todos, pero en el marco de nuestra competencia y con reglas claras”, expresó.
Lobo Román recordó que las reglas del decreto publicado el 10 de agosto de 2010, son claras y observan correctamente el fin social que persigue la norma, pero el objetivo se vio truncado al dejar “lagunas” que parecían imperceptibles en la redacción y el texto mismo.
Por ello, advirtió que la “voracidad” de grupos empresariales y de grandes y poderosas inmobiliarias “sin escrúpulos”, abusaron de las bondades sociales que perseguía el decreto aprobado por la ALDF. “Reformar y eliminar cualquier discrecionalidad e interpretación en la Norma, es nuestra obligación”, apuntó el diputado Víctor Hugo Lobo.
Incluso, consideró importante destacar que las grandes inmobiliarias y empresas particulares, no estaban impedidas para construir vivienda con base en dicho ordenamiento, pero acogiéndose a los alcances y términos del mismo; es decir, vivienda sustentable, en lugares permitidos y dentro de los precios establecidos, premisas que fueron violentadas de manera flagrante.
“Al día de hoy tenemos cientos de abusos, cientos de edificaciones que han violentado el uso del suelo, el nivel permitido, que fueron construidas a bajo costo y vendidas a precios infames, que alteran el paisaje urbano y afectan a los vecinos.
“Hoy establecemos candados legales para ejercer acciones contundentes tendientes a hacer cumplir la ley y sancionar severamente a quien engañe y lucre con la necesidad y el patrimonio de los capitalinos”, manifestó el presidente de la Comisión de la Comisión Especial para el Estudio y Análisis de las Finanzas Públicas.
Reiteró que la propuesta tiene como finalidad no conculcar el derecho a una vivienda digna y decorosa por parte de la población. “Pugnamos porque en el proyecto de modificación de la Norma 26, los habitantes de menores ingresos y recursos económicos de la ciudad tengan la posibilidad de acceder a una vivienda”, afirmó.
Es de recordar que el objetivo original de la norma era incentivar la producción de vivienda sustentable, de interés social y popular, con el fin de permitir más niveles de los autorizados en la normatividad urbana.