Guillermo Pimentel Balderas
“Es insuficiente y deficiente la legislación que nos dieron en la Ley General del Deporte y vamos a complementarla. Por ejemplo con la introducción de videotecnología, videovigilancia, registro de porristas, huella dactilar, en fin, hay una serie de propuestas que estaremos discutiendo en comisiones, señaló el diputado perredista Manuel Alejandro Robles Gómez, al concluir el foro de análisis “Violencia en Estadios de Fútbol”, que se llevó acabo en la ALDF.
También, dijo que se hizo un llamado a los empresarios para que inviertan más en su negocio. “El fútbol es patrimonio del país, del mundo entero y no hay nada mejor que promoverlo para contrarrestar las adicciones y la violencia”, subrayó.
Destacó que hay que hacer del fútbol una herramienta de la paz en nuestro país. “Ese sería el propósito de nuestra legislación aquí en el DF, porque esta nueva disposición indefectiblemente tendrá su réplica en los demás estadios del país”, apuntó.
Sin embargo, afirmó que una de las coincidencias en el foro fue que la reciente aprobación de sanciones por parte del Congreso de la Unión es insuficiente y solo criminaliza a los aficionados reunidos en “barras” o “porras”, sobre todo para prevenir un nuevo brote de violencia.
“Vamos a corregirlo, perfeccionarlo, y sobre todo hacer un fuerte llamado a los propietarios de los clubes, de la Federación Mexicana de Fútbol, que pongan de su parte, porque está el planteamiento de sancionar a las porras, pero es insuficiente.
Debemos legislar antes de que suceda una desgracia”, advirtió Robles Gómez, presidente del Comité de Estudios y Estadísticas sobre la Ciudad de México, organizadora del evento.
Agregó que existe el compromiso de los integrantes de la Asamblea de abordar el tema en el presente periodo de sesiones, que finaliza el 30 de abril y, en su caso, en un periodo extraordinario.
Explicó que su propuesta presentada el martes pasado en la Iniciativa Para Prevenir la Violencia en Estadios, plantea prohibir la distribución masiva de boletos a grupos que apoyen a un solo equipo, así como la obligación para los organizadores de un costo diferenciado de los boletos para mujeres, niños y personas de la tercera edad.
También plantea la suspensión, clausuras e incluso revocación de funcionarios que no se acaten a las nuevas disposiciones.