“El asunto en esta empresa está muy complicado, tenemos muchas demandas que les estamos llevando, pero la cosa está muy difícil”. Palabras textuales de los abogados del periódico Diario de México, al comparecer ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para responder por una demanda laboral en contra de sus clientes.
Después de tres años y medio de estarse burlando de las autoridades laborales con marrullerías legaloides, los abogados de esa empresa periodística, propiedad del Grupo Braca, por fin comparecieron para responder la demanda entablada por un trabajador.
El asunto, harto conocido por la opinión pública, algunos juristas y académicos que consultan la hemeroteca de esta “Grilla en el Poder”, donde está reseñada esta perversa impunidad laboral de la familia Bracamontes Baz, comienza a llamar la atención también de algunos legisladores federales de las comisiones de Trabajo y Seguridad Social.
La demanda se remonta al 20 de marzo del 2008, cuando varios trabajadores con antigüedades de 20, 10, 5 y tres años fueron despedidos injustificadamente, sin las indemnizaciones correspondientes.
Los afectados demandaron a los propietarios del Diario de México, porque además durante ese tiempo evadieron el pago del Infonavit y Afore, prestaciones de elemental importancia para lograr una pensión digna.
Y para burlar a la ley, los hermanos Federico y Miguel Ángel Bracamontes Baz se auto-vendieron Editoriales de México, productora del periódico Diario de México, para crear la empresa Recuma S. A. de C. V., que siguió editando el mismo medio informativo, y un año después se volvieron a auto-vender para crear la empresa DDM, la cual sigue editando el mismo periódico, propiedad del Grupo Braca.
Los trabajadores solicitaron una auditoría al Instituto Mexicano del Seguro Social para dar seguimiento a la razón social de la empresa Editoriales de México y fue así como en esa institución les informó que el último domicilio que había dado la parte patronal, fue en un sector de la ciudad de Tampico, en el Estado de Tamaulipas.
Uno de los trabajadores afectados solicitó a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje la gestión correspondiente para enviar exhorto a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de aquella entidad, trámite que se alargó poco más de un año, pero finalmente se dio cumplimiento el 17 de octubre de este 2011.
La notificación de la presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tamaulipas, dice textualmente lo siguiente: “En cumplimiento al oficio correspondiente se anexan las copias debidamente diligenciadas en el juicio al rubro citado y con el original del informe rendido por el actuario adscrito a esta Junta”.
El actuario Juan Luis Ponce Gómez acudió al domicilio correspondiente en la ciudad de Tampico para notificar el emplazamiento a los patrones demandados, pero se encontró que en ese lugar funciona un centro psicológico denominado “Estar Bien”.
Así se cumplió el último trámite que estaba deteniendo el avance de la demanda y cuando un senador se enteró de lo que encontró el actuario en Tampico, con sorna dejó escapara el siguiente exabrupto: “Ya ni la burla perdonan esos Bracamontes al dar un domicilio donde está un centro psicológico con ese nombre de estar bien… No es posible que se les permita tanta impunidad y burla a la ley… Algo tendremos que hacer”.