La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al desestimar la acción de inconstitucionalidad contra las leyes antiaborto en Baja California, ponen en grave riesgo la unidad y orden constitucional al afirmar que una legislatura local pueda interpretar el contenido de los derechos y no atender lo que la propia Constitución y los Tratados Internacionales establecen, dijo la presidenta de la Comisión de Salud en la ALDF, Maricela Contreras Julián.
Señaló que ante la SCJN se han presentado 2 acciones de inconstitucionalidad y 622 amparos en defensa de mujeres que han sido procesadas y encarceladas por haber abortado, debido a legislaciones antiaborto.
Apuntó que los Estados que tienen el mayor número de mujeres procesadas y encarceladas como consecuencia de contar con leyes antiaborto son Guanajuato, Puebla, Querétaro y Quintana Roo, pues tan sólo hay 67 mujeres amparadas en Colima, 167 en Guanajuato, 115 en Puebla, 76 en Quintana Roo y 72 en Sonora, 76 en Yucatán, 60 en Campeche y 29 en San Luís Potosí.
En la resolución de la SCJN “es importante aclarar que sólo fueron cuatro ministros los que con sus actitudes se prestaron a menospreciar el carácter de supremacía de la Constitución”, enfatizó.
Aseguró que esa minoría al dejar que cada legislatura local a discrecionalidad considere e interprete lo que se entiende por los derechos fundamentales, lo único que propiciará es un desorden en la promoción y respeto de los derechos humanos, pues dependerá de la moral, ideología, intereses políticos o acuerdos para que se legisle, sin que se respeten los lineamientos establecidos en la Constitución.
La también integrante de la Comisión de Equidad y Género en la ALDF dijo que al no existir una mayoría en la SCJN, se desestima la acción de inconstitucionalidad, lo que implicaría a no hacer un pronunciamiento del Tribunal sobre el tema, lo que retrasaría aún más una definición que debe darse sobre la constitucionalidad de las reformas que impiden a las mujeres a decidir sobre su cuerpo.
Asimismo indicó que de seguir vigentes las reformas en Baja California que consideran a la vida desde el momento de la concepción, da lugar a preguntarse, por ejemplo, ¿si al impedir que un óvulo fecundado se implante o si durante un proceso de fertilización in vitro se desechan óvulos fecundados, se estaría incurriendo en asesinato?
Destacó que la mayoría de ministros de la Suprema Corte, 7 de 11, se pronunciaron a favor de los derechos de las mujeres y porque las reformas en los estados no pueden restringir los derechos que reconoce nuestra Constitución y los Tratados Internacionales.
Lo anterior implica que los estados están obligados a garantizar la prestación de servicios de interrupción del embarazo en los casos que la ley los prevé, por ejemplo, casos de violación, malformaciones genéticas, peligro de vida de las mujeres y en algunos casos, por condiciones sociales y económicas; además de la obligación de garantizar el acceso a métodos anticonceptivos, como la píldora de emergencia o las técnicas de reproducción asistida, enfatizó.
La legisladora del sol azteca reconoció la postura asumida por los Ministros Franco, Sánchez Cordero, Cossío Villegas, Silva Meza, Zaldívar Lelo, Valls Hernández y Aguilar Morales por adoptar la agenda progresista de reconocimiento de derechos humanos y no estigmatizar y criminalizar a las mujeres por la decisión que tienen a decidir sobre su propio cuerpo.
En la Ciudad de México informó que a la fecha se han practicado 66 mil 899 interrupciones legales de embarazos, de 105 mil 409 que se acercaron a solicitar información en 18 hospitales públicos.
Añadió que de esos procedimientos, tres mil 803 fueron menores de edad, 15 mil 158 provenientes del Estado de México y dos mil 159 de otras entidades federativas.
Entre las mujeres, que han decidido por la interrupción del embarazo se encontró que el grupo de edad entre los 18 y 29 años representa el mayor porcentaje con 69.7%; el 58.5% cuentan con preparatoria o educación superior; el 53.1% es soltera, el 26.3% vive en unión libre y el 17.4% es casada; el 50% acude cuando tiene entre siete, ocho y nueve semanas de gestación, en contraste con el 2.8% que lo solicita hasta las 12 semanas y sólo el 17.6% no aceptó un método anticonceptivo post-procedimiento, finalizó.