Otra del Diario de México
El miércoles 24 de junio de este 2015 la sala 6 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje tenía programada la presencia de un actuario en el domicilio del periódico Diario de México, con el propósito de notificar oficialmente el embargo de bienes, cuentas bancarias o incluso el cabezal del medio informativo.
Lo anterior con el propósito de garantizar el pago de casi dos millones de pesos a que fue condenada esa empresa periodística, después de siete años de litigio laboral por la demanda que presentó un trabajador que fue despedido injustificadamente y que durante 10 años no recibió el pago de sus prestaciones sociales como el Infonavit y Afore.
Dicho periódico, propiedad de los hermanos Federico Gustavo y Miguel Ángel Bracamontes Baz, nietos del eminente académico y prestigiado, ya finado, ex senador y ex gobernador del Estado de México, Gustavo Baz Prada, es el único medio informativo impreso que circula en la ciudad de México desde hace 66 años sin cambiar de dueño, como ha ocurrido con los demás periódicos que superan esa antigüedad y como está totalmente documentado en la Secretaría de Gobernación.
Pero hace siete años estos empresarios recurrieron a la gastada, pero provechosa maniobra de los patrones, de cambiar la razón social, para lo cual dieron de baja a Editoriales de México para darla de alta como Recuma y un año después dieron de baja a ésta para dar de alta a DDM, S. A., de C. V., todas incorporadas al Grupo Braca que tiene multimillonario capital con otras empresas como diario de Morelos, Diario de México Edición USA, que circula exitosamente en Nueva York, Estados Unidos, y radiodifusoras como La Comadrita en Morelos, estacionamientos públicos y unidades habitacionales donde rentan cientos de viviendas que dejan jugoso ingreso al corporativo.
Tal vez a esto se deban los alcances que tienen estos empresarios para seguir evadiendo, como desde hace 66 años, las cuotas al IMSS y los impuestos al fisco, y un ejemplo de ello se volvió a dar el pasado 24 de junio de este 2015.
Resulta que los abogados de los Bracamontes recibieron el “pitazo” de que al día siguiente acudiría el actuario para notificar el embargo y de inmediato fraguaron la maniobra que les permitió que alguien, desde el interior de la sala 6 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, escondiera el expediente y evitar así el cumplimiento de lo que ordena la sentencia.
Así se la han llevado durante los últimos diez años en esa dependencia de tribunales laborales y así han cansado a los trabajadores despedidos injustificadamente que, obligados por la necesidad abandonan el curso de la demanda laboral y dejan que los abogados negocien a sus espaldas y posiblemente contando con la complicidad de algún funcionario.
Pero en el caso que nos ocupa, el trabajador está decidido a seguir en su lucha iniciada hace ya casi ocho años y ya se solicitó audiencia en la oficina respectiva de la Presidencia de la República para solicitar ayuda y esta denuncia comenzará a circular con gran intensidad en las redes sociales, porque ningún otro medio escrito se ha interesado en publicarla.