La Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal debe ser parte de las investigaciones que se realizan en contra de construcciones que se valen de documentos falsos para modificar usos de suelo, sobre todo en casos como los de San Jerónimo 819, Magdalena Contreras, y Pedregal 24, Miguel Hidalgo.

Así lo consideró el diputado local Leonel Luna Estrada, quien informó que pedirá a la Contaduría Mayor de Hacienda que realice una auditoria de legalidad a las áreas involucradas con las autorizaciones y verificaciones de usos de suelo, en el marco de la revisión a la cuenta pública 2010 del Gobierno del Distrito Federal. Esto, con el objetivo de que el órgano de fiscalización superior de la ciudad verifique que los actos de las autoridades involucradas se hayan sujetado a las leyes en la materia.

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda anunció que  también solicitará al Consejo de la Judicatura del Distrito Federal que explique los motivos por los cuales un juez determinó otorgarle un amparo definitivo a la inmobiliaria Navel para que continuara con la construcción de 72 departamentos y 50 locales, en una zona que no cuenta con el uso de suelo.

“Es necesario conocer los argumentos con los cuales el Juez  resolvió otorgar el amparo, pese a que las autoridades tiene acreditado que esta obra se está desarrollando con un certificado de uso de suelo falso, toda vez que los derechos adquiridos que aduce la empresa no aparecen en los archivos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda”, comentó.

En esta misma situación, abundó, se encuentra el caso del predio localizado en Pedregal, número 24, donde se pretende edificar una torre de 25 niveles de altura, por un amparo que de ganó contra del Programa Parcial del 92, el cual sólo le permitía la construcción de seis niveles.

En este contexto, el también integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda de la ALDF exhortó al Consejo de la Judicatura a una mejor coordinación con las dependencias del Gobierno capitalino, a fin de contar con la información necesaria para no otorgar amparos de manera indebida.

El legislador consideró que la intervención de la Contaduría Mayor de Hacienda ALDF, en estos casos garantizará que se determinen y, en su caso, finquen responsabilidades en contra de servidores públicos que hayan incurrido en dichas irregularidades denunciadas por las propias autoridades y vecinos.

Lo anterior, dijo, de manera paralela a las investigaciones y sanciones que determine la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en contra de quienes resulten responsables por la falsificación de certificados de usos de suelo.