Por Guillermo Pimentel Balderas
El Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, solicitará que se eleve a rango de ley aplicar exámenes médicos y toxicológicos a operadores de microbuses y establecer como causal de revocación de una concesión, la responsabilidad penal para el concesionario cuya unidad se vea involucrada en un delito doloso.
Esto, debido a que cada vez es más peligroso este tipo de transporte público, ya que en lo que va de la actual administración local, 101 capitalinos han perdido la vida y 5 mil 266 más han resultado lesionados a consecuencia de choques, volcaduras y atropellamientos provocados por microbuses.
Destacó que en el Distrito Federal el 60 por ciento de los viajes en transporte público se realizan a bordo de microbuses, y en este sentido, el 27.6 por ciento de los 25 mil microbuses en circulación está involucrado en por lo menos un accidente vial al año.
Por ello, especificó que son necesarios regular los criterios de operación del transporte público en la ciudad y realizar exámenes médicos y toxicológicos a los operadores de las unidades.
Señaló que a pesar de que han sido remitidos 2 mil 506 choferes al Ministerio Público por delitos como homicidio culposo, atropellamiento, colisión y lesiones culposas, no se tiene mayor información sobre su identidad, nivel de estudios, capacitación, si han pasado o no pruebas de destreza y seguridad y, en algunos casos, se desconoce incluso su edad real, por lo que “es necesario implementar un programa de capacitación, así como exigirles una carta de antecedentes no penales”.
El PAN, presentó ante el Pleno de la ALDF, una iniciativa que contempla modificar la Ley de Transporte y Vialidad para que cuando en las unidades de transporte público se cometan delitos dolosos, la sanción se aplique de manera automática.
“Si bien en los últimos cuatro meses el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal envió al corralón a 147 unidades de diversas rutas por incurrir en percances, en los que también se reportaron víctimas fatales y el GDF en lo que va de este gobierno ha revocado 120 concesiones a transportistas, los criterios aún son endebles, por lo que elevarlos a rango de ley, les dará mayor certeza”.
En coordinación con el sector salud, la Secretaría de Seguridad Pública operará el servicio de medicina preventiva en el transporte, realizando exámenes médicos y toxicológicos a conductores del servicio de transporte público de manera periódica.
Los diputados Mariana Gómez del Campo Gurza y Rafael Medina Pederzini (PAN), expusieron que para dar mayores garantías en la prestación del servicio de transporte público, los derechos derivados de las concesiones en las diversas modalidades deben ser personalizados, inalienables, inembargables e intransferibles, a la vez que no generen derechos reales de ninguna clase a favor de su titular, ya que su regulación estará siempre establecida por la ley.