Guillermo Pimentel Balderas
Dinorah Pizano, legisladora perredista en la ALDF, alertó que SEDUVI pretende proteger la inversión privada en vivienda para ayudar a un sector inmobiliario y corromper a las autoridades delegacionales, lo cual merma la tranquilidad y patrimonio de los ciudadanos del Distrito Federal.
Explicó que el proyecto que manda SEDUVI para eliminar la norma 26 y sustituirla por las normas 30 y 31, “se pasa de un ‘menú’ de dos platillos, vivienda social y popular, a un banquete ‘a la carta’ para saciar el hambre del empresariado constructor”, denunció.
Afirmó la diputada del Grupo Parlamentario del PRD, que el origen de la Norma 26, se supone que su finalidad era incentivar la Producción de Vivienda Sustentable de Interés Social y Popular, haciendo efectivo el derecho humano a una vivienda digna para los que menos tienen, respetando en todo momento los derechos de los ciudadanos y el desarrollo urbano de la Ciudad; sin embargo, se tiene que evitar el abuso de las inmobiliarias, y tal vez habría que revisar las reformas que se hicieron en 2010, las cuales permitieron y facilitaron la violación a la Norma 26, apuntó.
Añadió que las normas 30 y 31 ofrecen una lista de más de 600 colonias que permitirían construir edificios en prácticamente cualquier predio y vender el suelo al mejor postor, lo cual pasaría por encima de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y cualquier lógica de desarrollo urbano sustentable en beneficio de todos los capitalinos.
Explicó que entre los diversos cuestionamientos hechos por los ciudadanos a los abusos de inmobiliarias tolerados por la autoridad, estaban que la Norma 26 en su origen promovía la construcción de obra de interés social en lugares específicos de la ciudad y los desarrolladores inmobiliarios la utilizaron para construir edificios ilegales de interés medio y alto en prácticamente toda la ciudad.
Por ejemplo, en Benito Juárez, se hicieron más de 700 edificios construidos al amparo de la misma, que violaban el uso de suelo y pasaban el límite de pisos permitidos, esto con la complicidad de las autoridades delegacionales y hasta el momento, han sido pocos los edificios sancionados.
En su momento, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Asamblea, señaló que haría una nueva norma blindada. Sin embargo lo que se presenta es una norma ampliada, y como lo han manifestado en medios de comunicación, “forman parte del Plan del Desarrollo Urbano, el cual tiene como objetivo favorecer al sector inmobiliario”, subrayó.
Por lo anterior, la diputada Dinorah Pizano Osorio afirmó que se debe planear el desarrollo urbano con base en proyecciones del crecimiento poblacional de la Ciudad de México, a fin de garantizar su sustentabilidad mediante el ejercicio de los derechos humanos de sus habitantes al suelo urbano, a la vivienda, a la calidad de vida, a la infraestructura urbana, al transporte, a los servicios públicos, al patrimonio cultural urbano, al espacio público, al esparcimiento y a la imagen urbana y su compatibilidad, a la movilidad de la población y a las necesidades de desarrollo de las diferentes zonas de la ciudad, conforme con la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.