Por Guillermo Pimentel Balderas

El Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal (INVEA-DF), ni verifica ni sanciona, por lo cual debe cerrar sus puertas, consideró Alejandro Ojeda, diputado local del PRD.

“No sólo porque ha demostrado ser un “elefante blanco” por su ineficacia operativa, sino también por las constantes denuncias públicas de presuntas extorsiones, y además que resulta oneroso para el erario y duplica funciones, toda vez que cada demarcación cuenta con un órgano de control interno, INVEA debe desaparecer”, enfatizó el vicepresidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la ALDF.

Alejandro Ojeda, en entrevista, manifestó su preocupación por el alto costo que representa mantener a este Instituto, que al parecer ni verifica ni sanciona.

El asambleísta del PRD explicó que llama la atención que cada verificación realizada por el INVEA-DF, en promedio, costó 325 mil 259 pesos, lo cual no es sano para las finanzas de la ciudad.

Agregó que se debe generar un análisis de la pertinencia de mantener este tipo de Institutos que además no fortalecen la transparencia y fiscalización de recursos, por lo que hizo un llamado al Gobierno de la Ciudad para que dichos recursos mejor se destinen a programas sociales o a la educación.

Recordó que el INVEA-DF fue creado en el año de 2010  con un total de 300 verificadores en su primera etapa, derivado de los trabajos de revisión de la cuenta pública 2011, dicho instituto contó con un presupuesto original de 353 millones 66 mil pesos, y un ejercido de 294 millones 539.2 mil pesos (distribuido en cuatro actividades institucionales).

“De este último importe 97 millones 577.9 mil pesos correspondieron a la actividad institucional 08 “Supervisión a Delegaciones en materia de Verificación”. Durante 2011, se reportó que se practicaron 300 inspecciones correspondientes a dicha actividad institucional”, indicó.

Detalló que los resultados de la mencionada Cuenta Pública indican que el INVEA-DF carece de políticas de operación, manuales de procedimientos, lineamientos, circulares y reglas, entre otros. También, agregó, denotan fallas de control en la presupuestación, ejecución y registro del recurso, ya que se incluyeron gastos en la actividad institucional 08 “Supervisión a Delegaciones en materia de verificación” que no guardan relación con este rubro.

Y, todavía hay más, con la falta de control presupuestal que implicó que el recurso autorizado en la actividad institucional mencionada, no fuese suficiente, por ello el Instituto llegó al cierre del ejercicio sin los recursos necesarios para dicha actividad.

“En ese sentido, el Instituto no presentó los criterios por medio de los cuales erogó los recursos para el personal de coordinación de verificación administrativa”, dijo el legislador perredista.