Por Guillermo Pimentel Balderas
En su comparecencia ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Plascencia, afirmo que las y los ciudadanos del Distrito Federal merecen una Constitución, y ser tratados como un Estado de la República, y advirtió que resulta paradójico que la ciudad sea un territorio en donde este tratamiento sigue siendo como si no fuera una entidad de la República.
Por otra parte, hizo un llamado urgente para que las autoridades que aceptaron parcialmente las recomendaciones de la Comisión, comparezcan ante la ALDF y se incluya una severa llamada de atención sobre su comportamiento.
González Plascencia, dijo que la comparecencia de los funcionarios públicos que no cumplan con las recomendaciones de la Comisión, es valioso el respaldo de la Asamblea Legislativa para hacerlos cumplir.
Informó que se recibieron más de 7 mil 500 quejas, se investigaron y concluyeron más de 8 mil expedientes y se emitieron más de 5 mil medidas precautorias, así como 13 recomendaciones.
La trata de personas, la falta de agua, los excesivos cobros de luz y el respeto a las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; fueron los cuestionamientos de los diputados de la Asamblea Legislativa durante la comparecencia del titular de la comisión ante el Pleno.
En la sesión de preguntas y respuestas, González Plascencia, sostuvo ante los diputados locales de todos los partidos políticos, que aunque no depende de la CDHDF el asunto de trata de personas, sí vigilan puntualmente el comportamiento y seguimiento que hace la Procuraduría capitalina en la materia.
Agregó que la dependencia emitió una recomendación relacionada con la trata con fines laborales en agravio de poblaciones callejeras y en cuanto a las reformas a la ley del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, dijo que representó avances importantísimos en muchos temas pero también en términos de la posibilidad de probar un mecanismo que generó una sinergia muy atinada entre la Asamblea, las organizaciones de la sociedad civil, la Comisión, el Gobierno de la Ciudad, el Tribunal Superior de Justicia, todos los cuales se dieron a la tarea de elaborar un diagnóstico y luego un programa.
Sobre el caso News Divine, el Ombudsman capitalino señaló que las víctimas del News Divine son “víctimas de Estado” y deberían ser resarcidas con todo el respeto que implica, pues el panteón donde se encuentran está en condiciones “deplorables”.
En torno a la Supervía, señaló que es el delegado de la Álvaro Obregón el que no atiende la recomendación, por eso se han hecho diversos llamados a la reconsideración porque la encomienda fue parcialmente aceptada.
Luis González Placencia explicó que el tema de la luz es de ámbito federal, que han recibido 33 quejas por parte de la población que se han remitido a la Comisión de Derechos Humanos.
Respecto a las reformas en materia de justicia penal para adolescentes, indicó que estas modificaciones no criminalizan a este sector, porque las conductas delictivas se deben castigar, pero bajo una perspectiva de respeto a los derechos humanos.
Por parte de los diputados locales la diputada del Partido Nueva Alianza, Axel Burguete Vázquez, señaló las deficiencias por las que pasan más de 2 millones de capitalinos que no reciben agua óptimamente, y por las afectaciones y reclamos por el cobro excesivo de este servicio, lo cual observa un patrón de inequidad en la zona marginales de la ciudad, por ello pidió conocer las líneas de acción para garantizar este derecho.
El diputado del PVEM, Norberto Ascencio Solís Cruz, expuso la necesidad de trabajar por los derechos de los periodistas, los migrantes, las mujeres, las niñas y los niños, las personas mayores y discapacitados, a una vivienda adecuada y los derechos a un medio ambiente sano.
Destacó que de las 13 recomendaciones emitidas en 2011, se debe refirmar el compromiso social, ético y político del Gobierno Capitalino y que deben cumplirse. En materia ecología, dijo que se tiene pendiente el derecho al agua y expresó que su partido propuso una iniciativa para que toda obra que requiera de impacto ambiental sea consultada la ciudadanía.
Por parte del Partido del Trabajo, la diputada Ana Estela Aguirre y Juárez, resaltó los esfuerzos en la materia, así como los compromisos que se han adoptado con el programa de Derechos del Distrito Federal; pero dijo que se requiere materializarlos para que sean un adecuado contrapeso. Sostuvo que uno de los más grandes desafíos es revertir la tendencia de beneficiar a la autoridad, hecho que vinculó con las violaciones a los derechos humanos de los capitalinos en los temas de construcción de la Supervía Poniente, la discriminación contra la población lésbico gay, y la falta de atención a reclusas embarazadas.
Tras reconocer que la V Legislatura ha dirigido su trabajo a favor de los derechos humanos en materia de salud, medio ambiente, entre otros, la diputada Alicia Téllez Sánchez, propuso a la CDHDF estar pendientes de que el gobierno capitalino implemente políticas públicas que atiendan el sistema penitenciario y de no ser así emitir las recomendaciones necesarias.
En tanto, el diputado panista Carlos Pizano Salinas, coincidió con el servidor público en que el problema principal de la capital es la pobreza y señaló que en su informe se detalla la emisión de más de cinco mil medidas precautorias, pero no hay información de cuántas fueron acatadas por parte de las autoridades.
Por el Partido de la Revolución Democrática, el legislador David Razú Aznar, refirió que la Ciudad de México está a la vanguardia nacional en el tema y que se sigue avanzando en la unidad de atención a víctimas y la creación de la Quinta Visitaduría en materia laboral.
Subrayó que hay tres retos fundamentales para esta V Legislatura: la modificación del sistema penal en lo referente a las penas alternativas, la Ley de las Personas Jóvenes y la nueva Ley de la Comisión de Derechos Humanos.
La diputada Ana Estela Aguirre y Juárez preguntó cuál es la posición de la Comisión respecto del papel de las organizaciones civiles en el cumplimiento del programa, cuál es la posición de la Comisión de Derechos Humanos respecto a la demora en la emisión de los reglamentos respectivos y si la falta de una Constitución para el Distrito Federal y su reconocimiento como una entidad federativa, constituye un atentado a los derechos de los capitalinos.
La legisladora Alicia Téllez Sánchez se refirió a qué opinión tiene el funcionario respecto al artículo 65 Bis de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que establece que se debería citar a comparecer a aquellos servidores públicos que no cumplan con las recomendaciones que emite la Comisión.
A nombre del Grupo Parlamentario del PAN, el diputado Juan Carlos Zárraga preguntó el estatus que guardan las recomendaciones emitidas por el caso News Divine y la Supervía por la Comisión. Además de solicitar información sobre las 13 recomendaciones que por tortura se giraron en 2011.
El diputado David Razú se refirió a la necesidad de incorporar el servicio de energía eléctrica dentro del marco de los derechos humanos, porque la Comisión Federal de Electricidad, corta el servicio sin importar que ponga en riesgo otros derechos como la salud, además presenta denuncias penales contra gente que no puede pagarlas.
Asimismo pidió la opinión del Ombudsman sobre las reformas aprobadas en la Cámara de Diputados donde se permite juzgar a menores de 12 a 17 años que violen el Código Penal.