Guillermo Pimentel Balderas

El PRD, PT y MC en la ALDF son cómplices de la opacidad y la corrupción al votar contra la comparecencia de la delegada en Iztacalco, Elizabeth Mateos, acusada de actos de coacción, extorsión y corrupción.

“Ustedes acaban de ver la voluntad política del PRD, votando en contra, en general de la izquierda, también Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo votaron en contra, es una muestra más que seguimos en una ciudad donde no hay un verdadero compromiso de transparencia y rendición de cuentas de los funcionarios públicos, pareciera que con una votación pueden tapar el sol con un dedo, esto ha sido una constante y una práctica que se presenta a menudo”, denunció el asambleísta del PAN Héctor Saúl Téllez Hernández.

Por su parte, el PRI en la ALDF, lamentó que no se haya llamado a cuentas a la delegada, pues aseguró que esta perniciosa práctica es bien conocida entre los trabajadores del Gobierno de la Ciudad y es coloquialmente conocida como “el moche”, “diezmo” o “la rasurada” y lo hacen con la finalidad de financiar proyectos personales, partidistas o políticos de los funcionarios.

El priismo expuso que es indispensable que exista un compromiso claro del Gobierno capitalino para sancionar a los posibles responsables en este caso, ya que en días anteriores se dio a conocer en medios de comunicación, gracias a una investigación periodística, que la Jefa Delegacional en Iztacalco, Elizabeth Mateos, es responsable de haber exigido a trabajadores a su cargo una aportación porcentual de su salario, sin haber tenido conocimiento explícito o alguna base jurídica-administrativa que justifique la entrega de alguna cantidad monetaria proveniente de sus contraprestaciones.

El panista Téllez Hernández dijo que esta oportunidad que tuvieron los perredistas de votar a favor de este Punto de Acuerdo, votar a favor de la transparencia y la rendición de cuentas, el haber votado en contra los pone en un acto eminentemente de complicidad y de tolerancia a la corrupción.

 El voto en contra del PRD y otros partidos de izquierda para citar a comparecer a la Jefa Delegacional de Iztacalco, Elizabeth Mateos, para que explique a la Asamblea Legislativa del DF las acusaciones de extorsión hacia trabajadores de la demarcación, es una constante de los legisladores de izquierda para evitar que los servidores públicos rindan cuentas a la ciudadanía, afirmó.

Luego de que diputados de izquierda desecharan un Punto de Acuerdo en el que se citaba a comparecer a la Jefa Delegacional de Iztacalco a comparecer el 27 de enero ante la ALDF, el diputado del GPPAN lamentó esta actitud que no abona a la transparencia.

Abundó que no es posible que en la Asamblea Legislativa una “aplanadora política” pueda más que los intereses de la ciudadanía. Por ello –agregó-, Acción Nacional hará uso de los instrumentos a su alcance para que este penoso asunto se aclare, insistirá ante la Contraloría General del DF y la Procuraduría General de Justicia del DF para que se efectúe una investigación seria que arroje resultados hasta las últimas consecuencias.

Por su parte, Jaime Ochoa Amorós y Fernando Mercado Guaida, diputados locales del PRI, exigieron al Contralor General del Gobierno del Distrito Federal que inicie una investigación y los procesos jurídicos correspondientes para sancionar los posibles actos de coacción y extorsión relacionados con el cobro indebido de “aportaciones salariales” a trabajadores de su demarcación, de los cuales resulte responsable la delegada.

Fernando Mercado, también exhortó al Contralor a dar cumplimiento al Plan de Prevención y Combate a la Corrupción, poniendo a disposición de los servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal una ventanilla especial para denunciar actos de coacción, extorsión y abusos por parte de los funcionarios de mayor rango dentro de todas las  dependencias del Gobierno del Distrito Federal.

El también presidente de la Comisión de Cultura de la ALDF, dijo que en este sentido, es de llamar la atención que las declaraciones públicas del propio Contralor hagan referencia a la posibilidad latente de fincar responsabilidades por los delitos de coacción y/o extorsión en el caso de las denuncias presentadas en contra de la Jefa Delegacional en Iztacalco, pero sin que hasta el momento se de a conocer si  la Contraloría ha iniciado ya los procedimientos correspondientes.

“Para nosotros –los priistas- es indispensable que exista un compromiso claro del Gobierno para sancionar a los posibles responsables en este caso, así como la intervención de éste órgano Legislativo para que la titular de la delegación ofrezca las explicaciones correspondientes”, apuntó.