Guillermo Pimentel Balderas

El diputado local del PRD, Alejandro Ojeda, advirtió que en este momento, cuando la derecha del PRI-AN impulsa reformas antipopulares muy agresivas, representa un riesgo regular las marchas, pues podría cerrarse la única posibilidad que tiene la sociedad de manifestarse pacíficamente en contra de acciones o decisiones de gobierno contrarias al interés nacional.

En entrevista, el legislador consideró que la izquierda está obligada a defender la libre manifestación y el derecho de reunión de la ciudadanía, como principal herramienta pacífica de la sociedad organizada para expresar su desacuerdo o descontento sobre determinadas acciones o decisiones de gobierno que pudieran resultar contraproducentes para la vida local o nacional.

De llegar al pleno de la Asamblea Legislativa dicha reforma, el legislador del PRD subrayó que cualquier revisión en la materia debe cuidar escrupulosamente que no se abra ningún resquicio a la represión indiscriminada o a cualquier práctica autoritaria que tuviera como objeto inhibir la libre manifestación.

Por el contrario, dijo, deben establecerse los mecanismos que permitan establecer y acelerar los espacios de negociación  entre los inconformes y las autoridades locales o federales encargadas de atender las demandas ciudadanas.

El asambleísta del sol azteca hizo énfasis en que las movilizaciones y manifestaciones deben mantenerse en apego estricto a lo que permite la ley, y siempre desarrollarse como una vía pacífica de libre expresión.

Indicó que las acciones violentas realizadas por algunos grupos autodenominados de anarquistas, deben investigarse, pues hay indicios de que se trata de presuntos provocadores que tienen como objeto desprestigiar la movilización social.

Sin embargo, precisó que es responsabilidad de las autoridades correspondientes establecer los canales de comunicación para atender a la brevedad posible las demandas e inconformidades de la ciudadanía para evitar que la protesta se desborde.

Insistió en que los órganos de gobierno están obligados a proponer soluciones viables a dichas demandas ciudadanas, y no caer en el diálogo de sordos como ha sucedido en el caso de las movilizaciones de los maestros, que en las mesas de negociación con la Secretaría de Gobernación, simplemente les piden que acaten las imposiciones de la Reforma Educativa, manifestó.