La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal deberá entregar a la Asamblea Legislativa un informe pormenorizado sobre las acciones que realiza para combatir el delito de extorsión, anunció el diputado local Leonel Luna Estrada, quien destacó la necesidad de implementar una estrategia integral para inhibir el cobro de “derecho de piso” en la Ciudad de México.

A través de un punto de acuerdo que presentó ante la diputación permanente, el legislador también solicitó a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia dictaminar a la brevedad la iniciativa de reformas al artículo 236 del Código Penal del Distrito Federal que presentó en octubre pasado, para establecer como causa agravante al delito de extorsión, el cobro “derecho de piso”.

Sostuvo que en los últimos la capital del país ha tenido un crecimiento importante en la apertura de grandes plazas comerciales, pequeños negocios relacionados con todo tipo de giros mercantiles, además de la existencia del comercio informal, lo que ha propiciado que grupos delictivos o que se hacen pasar como tal, cobren lo que se conoce como “derecho de piso”.

Es decir, una cuota por el uso de dicho espacio físico para poder realizar sus actividades comerciales, además de que se les “garantiza” que con este pago serán “protegidos” de eventuales daños, ya sea en su persona, como en aquellos bienes que comercializan, o peor aún con la amenaza de un delito mayor.

Ante esta situación, recordó que el pasado 26 de octubre presentó ante el pleno de la ALDF una iniciativa de ley que pretende incrementar las penas del delito de extorsión cuando éste se cometa para permitir la realización de una actividad comercial.

Dicha iniciativa se turnó a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, sin que hasta el momento se haya discutido, por lo que consideró necesario exhortar a dicha Comisión para que se le dé celeridad al proceso de dictamen a su propuesta de reformas al artículo 236 del Código Penal del Distrito Federal.

Asimismo, pidió al procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinoza, entregue un informe pormenorizado de las acciones que realiza la procuraduría a su cargo para combatir el delito de extorsión.

Aunado a lo anterior, dijo, dicho informe deberá contener el número de inculpados por la comisión de este delito, a los que se les ha determinado el ejercicio de la acción penal y cuántas  bandas han sido desarticuladas durante el periodo comprendido de enero de 2010 a la fecha.

Luna Estrada manifestó que con la propuesta de tipificar como extorsión el cobro por “derecho de piso”, se podrá tener con mayor claridad el comportamiento de estas bandas delictivas.

Actualmente, explicó, el Código Penal establece diversas agravantes, como son la edad del ofendido, la calidad de los sujetos activos, la intervención de una o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos, el emplear violencia física y el utilizar como medio comisivo la vía telefónica.

Por lo que es necesario que se establezca el doble de las penas cuando se obtenga un lucro económico a manera de cuota o pago para permitir la realización de la actividad comercial a la que se dedique el sujeto pasivo.