Guillermo Pimentel Balderas

El diputado Darío Carrasco, de Morena, presentó un punto de acuerdo en la sesión Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito federal en el que pide se exija a Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno capitalino, se abstenga de seguir realizando eventos partidistas en días hábiles con el uso de recursos públicos.

Sin embargo, nuevamente, los diputados del PRD, PAN y PRI turnaron a comisiones este punto de acuerdo y evitan que Mancera sea investigado por participar en un evento perredista en Chiapas.

Darío Carrasco presentó punto de acuerdo en el que también se pide a la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, investigar y en su caso fincar las responsabilidades en que haya incurrido Miguel Ángel Mancera por haber sostenido un encuentro de carácter político con militantes y dirigentes del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Chiapas.

En tribuna, el legislador reconoció el derecho de Miguel Ángel Mancera a la candidatura de su partido por la Presidencia de la República, pero criticó que utilice recursos públicos y los tiempos que le competen como Jefe del Gobierno para actividades partidistas.

El punto de acuerdo advierte que el pasado martes 23 de febrero, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal participó en un encuentro con funcionarios y militantes del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Chiapas, hasta donde se trasladó con recursos públicos en un día hábil.

Este encuentro, afirmó el diputado Darío Carrasco, quebranta disposiciones legales y administrativas que prohíben los actos y omisiones que impliquen el desvío de recursos públicos, de acuerdo con la fracción I del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Es decir, el Jefe de Gobierno quebrantó disposiciones legales y administrativas que prohíben actos y comisiones que impliquen el desvío de recursos públicos, dijo.

Ante la evidencia de esta conducta ilegal del Jefe de Gobierno, exhortó a la Contraloría General de la Ciudad de México para que en estricto cumplimiento del Plan de Prevención y Combate a la Corrupción a su cargo, realice las investigaciones necesarias y aplique las sanciones correspondientes por los hechos señalados.