La diputada María Joann Novoa Mossberger, presidenta de la Comisión Especial para la Niñez y el diputado Óscar Castillo Andrade , propusieron a la Comisión Permanente exhortar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que regule la publicidad en medios de comunicación que promueven la interrupción legal del embarazo (ILE) en clínicas particulares.
Señalaron que esta práctica se ha convertido en un negocio para particulares, los cuales se promueven a través de anuncios publicitarios sin contar con la autorización correspondiente.
De acuerdo con datos del gobierno capitalino, refirió la diputada Novoa Mossberger, del 24 de abril de 2007, fecha en la que se legalizó el aborto en el Distrito Federal, al 15 de diciembre de 2011, se realizaron 69 mil 861 interrupciones legales del embarazo, además de que existían 107 mil 450 solicitudes.
Sin embargo, dijo, se estima que las cifras son inexactas porque un número considerable de mujeres acuden a clínicas particulares no autorizadas por la Secretaría de Salud capitalina, lo que impide su registro.
Agregó que los anuncios que aparecen en diarios de circulación nacional, son al margen de la ley, ya que no señalan los riesgos ni tampoco establecen direcciones físicas de las clínicas u hospitales. “Únicamente proporcionan teléfonos; no mencionan si las instalaciones cuentan con la supervisión de la Secretaria de Salud del Distrito Federal, ni otro tipo de certificaciones médicas”.
La forma en que se encuentran redactados estos anuncios, abundó la también secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, no es ética, pues promueven las prácticas de interrupción legal del embarazo mediante “cobros por semana”, es decir, una operación de este tipo puede llegar a costar 3 mil 400 pesos cuando el embarazo es menor a tres semanas y hasta 5 mil 500 pesos si es de 12 semanas.
Por su parte, el diputado Oscar Castillo Andrade indicó que aunque la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la legalidad del aborto, “consideramos que deben existir garantías de salud y normas que respeten la dignidad de las mujeres”.
Los anuncios que promueven esta práctica, abundó, son insertados por clínicas particulares que ven al aborto como un negocio.
Es por ello, dijo, que junto con la diputada Novoa Mossberger se presentó ante la Comisión Permanente un punto de acuerdo encaminado a exhortar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que, en el ámbito de su competencia, establezca la prohibición de anuncios que promuevan la interrupción legal del embarazo en clínicas privadas no autorizadas, además de establecer que ningún medio de comunicación podrá contratar publicidad de éstas, sin que aparezca su registro correspondiente.
Añadió que la propuesta turnada a la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados, busca exhortar de igual forma al titular de la Secretaría de Salud del Distrito Federal para que se realicen inspecciones y aplique la ley a las clínicas privadas que ofertan la interrupción legal del embarazo de manera ilegal.
El legislador indicó que independiente de lo anterior, la Secretaria de Salud capitalina tiene la obligación de certificar la sanidad de las clínicas abortivas y la cédula profesional de los médicos que prestan sus servicios.
Sin embargo, mencionó que tanto la Secretaría de Salud del Distrito Federal como la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), dicen no tener responsabilidad de la vigilancia de los procedimientos que se llevan a cabo en esas clínicas privadas, las cuales, desde hace más de cuatro años trabajan sin supervisión oficial.
“Es cierto que por ley no existe la obligación de las clínicas privadas a declarar que realizan abortos, ni tampoco el número de procedimientos de este tipo y menos aún reportar las ganancias generadas por ello, pero lo que sí es válido es que las autoridades intervengan para evitar la promoción ilegal de éstas, que han visto en la interrupción legal del embarazo un negociazo”, concluyó.