La diputada local perredista Miriam Saldaña propuso modificaciones al Código Penal del DF para que se tipifique como delito grave el robo de coladeras y cobre, principalmente, y se castigue con penas más severas como 6 años de cárcel, que desinhiban su hurto.
Comentó que a veces los cortes de luz, de agua o que el Metro se quede estacionado, se debe a que en algún lugar se robaron los cables conductores de energía eléctrica o los tubos, hechos de cobre y que son revendidos en el mercado negro; delito que actualmente genera muchos dividendos para el hampa pues no está tipificado adecuadamente.
Abundó en que las tapas de coladeras son otro tipo de bien público de los más robados. El costo aproximado de éstas es de 4 mil 500 pesos por pieza, mientras que los delincuentes obtienen apenas entre 200 pesos y 400 pesos por su venta. En cambio, la afectación es mayúscula, ya que impacta de manera importante al erario y causa lesiones o daños materiales a automovilistas o peatones.
También, señaló la diputada Miriam Saldaña, que los robos produce pérdidas millonarias a las empresas privadas que prestan servicios públicos esenciales, como por ejemplo a: Telmex, la Comisión Federal de Electricidad, el Sistema de Transporte Colectivo Metro o al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, por citar algunos.
Miriam Saldaña, también coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Asamblea Legislativa, propuso una reforma al Código Penal para el Distrito Federal con la finalidad de que se considere un delito grave este tipo de hurtos.
“Se modificaría el artículo 224 para adicionar el delito: Respecto de bienes destinados a la prestación de un servicio público, sean objetos metálicos o derivados de alguna aleación metálica, tales como tubos, cables conductores, tapas de registros, señalamientos, conectores y demás que se utilicen con el mismo fin; al que se impondrá de dos a seis años de prisión”.
Agregó que el Código Penal no prevé una sanción adecuada para quienes cometen este ilícito, ya que está considerado como robo simple. No existe una sanción agravada cuando se trata de materiales usados para la prestación de servicios públicos como: luz, agua y telecomunicaciones, entre otros, y que no obstante afectan a la población en general.
Finalmente, Miriam Saldaña resaltó que ante estos hechos, en estados como Chihuahua, Baja California Sur, Quintana Roo, Zacatecas y Sinaloa, sus Códigos Penales castigan esta modalidad de robo, o se encuentran en proceso de legislar para aumentar las penas por el hurto de estos materiales.