Guillermo Pimentel Balderas

El diputado local Efraín Morales y el diputado federal Carlos Reyes Gámiz, del PRD, consideraron que la figura del "arraigo" es actualmente un procedimiento jurídico opaco, oscuro y que se ha prestado para la arbitrariedad  y de ninguna forma debe contemplarse como una herramienta eficaz para la lucha contra el crimen organizado.

Ambos legisladores, en conferencia de prensa, anunciaron que será a partir del martes 25 de septiembre cuando se instalen las mesas de discusión en la ALDF y se analice la situación para determinar si es jurídicamente viable la posibilidad de eliminar del artículo 270 Bis, el arraigo hasta por 60 días a petición del Ministerio Público en el Distrito Federal.

Los legisladores señalaron que en las mesas de discusión participarán la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, Organismos Internacionales, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y sociedad en general.

Efraín Morales expuso que "el arraigo de acuerdo a la Organismos de derechos humanos, incluida la ONU, recomiendan que se omita del sistema jurídico mexicano, bajo el sustento que es violatorio de los derechos humanos, pues atenta contra el debido proceso y contra la presunción de la inocencia q es un derecho fundamental".

Agregó que la discusión de eliminar jurídicamente el "arraigo" del Código Penal, volvería a posicionar al Distrito Federal como una ciudad vanguardista en materia de derechos humanos, ya que permitiría dotar a las instancias encargadas de otorgar los elementos necesarios para que sean perceptibles y se imparta una procuración de justicia equitativa”.

Por su parte, Reyes Gámiz, expresó que es conveniente abrir esta discusión y conocer el costo beneficio de la figura del "arraigo", ya que es actualmente un procedimiento jurídico "opaco, oscuro y que se ha prestado para la arbitrariedad  y de ninguna forma debe contemplarse como una herramienta eficaz para la lucha contra el crimen organizado como algunas voces, así lo marcan", acotó.

Por último, los legisladores coincidieron en afirmar que esta discusión pretende trascender a través del apoyo de los demás partidos políticos y jueces, así como mantener al Distrito Federal como una ciudad de libertades, respetando las garantías individuales de los ciudadanos.