Por Guillermo Pimentel Balderas
El diputado local del PVEM, Jesús Sesma Suárez, reconoció como un error el haber aprobado la reforma al artículo 362 del Código Penal para convertir, en casi falta administrativa, el delito de ataques a la paz pública, lo que ha motivado actos vandálicos con el pretexto de ejercer la libertad de manifestación.
En entrevista, explicó que para no fomentar más la impunidad, el Partido Verde busca a través de una contra-reforma volver a considerar como delito grave la alteración de la paz pública, aumentado la penalidad hasta 10 años de prisión.
A su vez, el diputado verde, Alberto Cinta, comentó que se deben reformar también los artículos 287, 288 y 289, equiparando la misma sanción para los delitos de ultrajes a la autoridad, el ejercicio ilegal del propio derecho, lo que también implica la vejación de los derechos de los agentes del Estado.
Ambos asambleístas, puntualizaron que quienes se encapuchan durante marchas o manifestaciones, lo hacen para cometer delitos, y precisaron que no se pretende criminalizar las marchas, pero no se debe discriminalizar el delito.
Por lo tanto, demandaron a los asambleístas del PRD, que como mayoría legislativa del DF, sean responsables para definir las políticas públicas que exigen los ciudadanos, como es la regulación de las marchas para garantizar la paz pública y la seguridad de sus bienes.