Guillermo Pimentel B.
De ser aprobada la iniciativa del PRD de que sean obligatorias y públicas las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal de funcionarios y diputados, la medida se aplicaría en mayo del siguiente año, y los asambleístas que incumplan con el "3 de 3", no tendrá derecho a la dieta correspondiente hasta que se regularice.
Tras la aprobación del Pleno y las modificaciones pertinentes a la Ley Orgánica, los diputados de la Séptima Legislatura, tendrán un plazo de 90 días para hacer públicas sus declaraciones.
Lo anterior se desprende de la conferencia de prensa que dieron los dirigentes del PRD en la ALDF y el Comisionado Presidente del InfoDF, en la cual, además, se destacó que la iniciativa "3 de 3" tiene como objetivo fortalecer la confianza de los ciudadanos en los funcionarios.
El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó la iniciativa de ley para que los funcionarios y diputados de la capital de México transparenten sus declaraciones patrimoniales, de interés y fiscal.
Al tomar la palabra el presidente de la Comisión de Gobierno en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Leonel Luna Estrada, destacó que el acceso a la información, transparencia y legalidad, son sin duda valores y principios que deben de regir el Servicio Público, por eso esta iniciativa, es solo la primera de un paquete para hacer realidad el gobierno abierto, a través de la generación de todo un sistema anticorrupción.
Luna Estrada, fue quien subrayó que los diputados de la ALDF que incumplan con su declaración fiscal, patrimonial y de intereses, "no tendrá derecho a la dieta correspondiente hasta que se regularice".
Esto, precisó, tras la aprobación del Pleno y las modificaciones pertinentes a la Ley Orgánica, por lo que los diputados de la Séptima Legislatura tendrán un plazo de 90 días para hacer públicas sus declaraciones.
El coordinador del grupo parlamentario del PRD subrayó la importancia de la propuesta legislativa, presentada por el diputado local Víctor Hugo Romo y que forma parte de la agenda legislativa del partido.
Indicó que “La Contraloría de la ALDF deberá informar al Pleno, en el primer trimestre de las actividades, qué diputados y diputadas cumplieron con el tres de tres, también deberán detectar y analizar variaciones patrimoniales, presentar denuncias administrativas o penales, así como detectar conflictos de intereses”.
Explicó que la iniciativa contempla la adhesión del artículo 34 BIS a la Ley Orgánica de la Administración Pública del DF que añade a las funciones de la Contraloría General el registro y seguimiento de la evolución patrimonial, incluyendo ingresos activos y pasivos de quienes desempeñan funciones públicas bajo los siguientes ejes:
- Detectar y verificar discrepancias fiscales injustificadas en el patrimonio de los sujetos obligados y en su caso iniciar los procedimientos administrativos o presentar denuncias penales de conformidad con la ley.
- Detectar y prevenir el conflicto de intereses entre servidores públicos y particulares estableciendo la normatividad correspondiente.
- En coordinación con la autoridad fiscal y de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, establecer mecanismos para verificar el cumplimiento del pago de contribuciones locales a cargo de servidores públicos de la Administración Pública Local.
Asimismo, se contempla reformar la fracción VI del artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del DF, de tal forma que los funcionarios públicos transparenten su remuneración mensual bruta incluyendo todas las percepciones, prestaciones y sistemas de compensación.
Por su parte el vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD, Raúl Flores aseguro que la propuesta incluye que las tres declaraciones de servidores públicos tengan versiones públicas. “El 3 de 3 tres que se propone es una extensión de lo que ha venido impulsando el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera”, apostilló.
En su oportunidad, el Comisionado Presidente del InfoDF, Mucio Hernández Guerrero recalcó que el caso de ser aprobada la iniciativa, la medida se aplicaría en mayo del siguiente año para todos los diputados y funcionarios.