La diputada Beatriz Rojas Martínez, presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la ALDF, lamentó que la diputación permanente haya rechazado el punto de acuerdo con el cual se solicitaba al titular de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, José Ángel Ávila, brindara medidas de seguridad a las mujeres recluidas que han demandado ser víctimas de comisión de delitos de acoso sexual, lesiones, lenocinio y trata de persona.
Indicó que las denuncias de las reclusas fueron hechas ante las autoridades penitenciarias de los centros de readaptación femenil de Santa Martha Acatitla y Tepepan, así como en la misma Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, con el fin de que se les garantizaran sus derechos humanos primordiales.
Señaló que en los centros de readaptación femenil de Santa Martha y Tepepan durante mucho tiempo las internas han sido víctimas de distintas violaciones a sus derechos humanos; “se les vulnera su derecho a tener una vida de reclusión libre de violencia, ya sea sexual e institucional, que se traduce en física y psicoemocinal”.
Ejemplificó el caso de la interna 1, denominada así por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en su investigación y recomendación número 04/2010, esto con el propósito de salvaguardar su integridad, y sobre todo para evitar actos de molestia indebidos o colocarla en una situación de mayor riesgo o vulnerabilidad.
En dicho caso el pasado 21 de octubre de 2009, la interna , recluida en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla, se comunicó vía telefónica con personal de la CDHDF, a quienes señaló que a ella y a su esposo (interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente), se les instruye un proceso en un Juzgado Penal del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y que cada vez que es traslada a ese lugar para desahogar sus diligencias, en el túnel es víctima de hostigamiento sexual por parte de los custodios que cuidan a su cónyuge, quienes le piden que tengan sexo con ellos, o de lo contrario amenazan de golpear a su marido, expreso.
En este mismo caso, añadió que las custodias que la acompañan le han pedido que se prostituya en las instalaciones del túnel del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, situación a la que se negó; en represalia le restringieron su derecho a recibir visitas durante un mes y amenazan con golpearla en cualquier momento.
El punto de acuerdo rechazado por los legisladores de la Diputación Permanente también solicitaba información sobre los avances que se han hecho por parte de dichas dependencias, respecto a la recomendación 004/2010 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
La legisladora del sol azteca indicó que la Subsecretaria del Sistema Penitenciario del Distrito Federal, tiene dentro de sus atribuciones la vigilancia y el cuidado de los y las procesadas o internas que se encuentran recluidas en los penales del Distrito Federal.
Asimismo tiene la obligación de proveer a los y las internas las medidas de seguridad pertinentes con el objeto de garantizar su integridad física y psicológica, tendientes a evitar problemas subsecuentes violatorios de los derechos humanos de estas, así como también a los servidores públicos adscritos a los centros de reclusión de esta capital, enfatizó.
Rojas Martínez apuntó que hay muchos casos más en los que se destacan la violación a los derechos humanos por lo que las investigaciones de la CDHDF, en su recomendación 04/2010 concluye en sus resolutivos implementar en todos los Centros de Reclusión del Distrito Federal un sistema confiable de registros de ingresos y egresos de internas e internos que son trasladados.
De igual forma, dijo, modificar en un plazo máximo de seis meses desde el momento en el que se acepte la recomendación, los procedimientos y requisitos para la autorización de las visitas familiar e íntima, instalar cámaras de vigilancia en lugares estratégicos, destinar a personal experto en perspectiva de género para que apoye y oriente a las internas de los centros de reclusión femeninos, iniciar procedimientos administrativos contra el personal de seguridad y custodia, técnico o administrativo que esté involucrado en hechos relacionados con explotación sexual y/o trata de internas, entre otras.
Dicha recomendación de la CDHDF una vez aceptada deberá ser atendida por la Secretaria de Gobierno, la Procuraduría de Justicia, y la Presidencia de Tribunal Superior de Justicia todos del Distrito Federal, pero en particular por la Secretaría de Gobierno de esta Capital, subrayó.