El diputado federal Javier López Zavala denunció que en el Distrito Federal se cerró el único rastro que se tenía en la delegación Milpa Alta, lo que ocasionó la aparición de algunos clandestinos, donde se lleva a cabo la matanza de reses, cerdos, borregos y pollos; son alrededor de 3 mil animales los que se sacrifican a la semana sin medidas de higiene.
Señaló que no existe control de la carne que sale al mercado, pues los animales pueden estar enfermos o contagiados, causando diarreas y salmonelosis a la población.
Asegura que en otras entidades y municipios se repite el mismo panorama de insalubridad en los rastros, por falta de recursos para hacerlos funcionar y, en otros casos, porque no funcionan o su inspección sanitaria es deficiente.
“Necesitamos elaborar un plan que termine con el clandestinaje de este servicio de matanza, así como establecer mayor certificación sanitaria en los rastros de los estados y municipios del país”, se precisa.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los rastros clandestinos en México representan 30 por ciento del total nacional, “pero no hay quien los clausure, pues se alega falta de personal para la verificación o que no es de su competencia”.
El diputado Javier López resalta que el 60 por ciento de la carne producida en México se comercializa en forma de canal caliente (sin congelar), lo que afecta la calidad e higiene para el consumidor. El resto se realiza por otros canales donde la calidad es superior.
Argumenta que a pesar de la falta de mecanismos eficientes, México aplica un proceso de supervisión y verificación oficial que permitió la exportación, el año pasado, de 225 mil toneladas de carne mexicana a 36 países del mundo. En 2012 se vendieron a Rusia alrededor de 28 mil toneladas de cárnicos, equivalentes al 9.8 por ciento del volumen total.
Por ello, destaca, la importancia de reformar el artículo 2 y 3 de la Ley de Sanidad Animal, a fin de mejorar la prestación del servicio de inspección federal en los rastros estatales y municipales.
Lo anterior, para proporcionar a la población carne que reúna condiciones higiénicas y sanitarias para su ingesta; realizar una adecuada comercialización y suministro de carne para consumo humano; evitar la matanza clandestina en casas y domicilios particulares, y generar más ingresos derivados del cobro de cuotas por el sacrificio de animales.