Estimados amigos y colegas periodistas, legisladores locales y federales y autoridades del Distrito Federal en lo que compete a Gobierno y a impartición de justicia, la presente es el comienzo de la agudización de una lucha que llevo librando durante ya casi dos años a través del movimiento civil que me enorgullece encabezar “Qué ley nos protege”.
En esta ocasión toca hablarles de mi caso, que sobra decir es indignante por la manera en la que se imparte justicia en la capital del país –sobra decir que he buscado ayuda en distintas instancias y he sido ignorado.
Hace poco más de dos años mi ex esposa me entregó a mi hijo quien en ese entonces estaba cerca de cumplir los cuatro años de edad, argumentando que ella no se podía hacer cargo de él, por lo que tuve que dejar mi trabajo en televisión y buscar formas alternativas de ganarme la vida y poder darle un cuidado adecuado a mi hijo.
Pasado el año y medio –tiempo en el que a pesar de todo yo permitía que el niño conviviera los fines de semana con su madre, quien nunca quiso firmar nada que comprobara que yo me hacía cargo económicamente y moralmente del menor y que éste vivía conmigo- ella me pidió dinero a cambio de no llevarse a nuestro hijo, al yo negarme ella me golpeó en repetidas ocasiones, ante lo que traté de levantar actas en agencias del ministerio público, donde además de negarme la opción se rieron de mí.
En fin, tuve que cambiarme de casa y cambiar al menor de escuela para protegernos de su madre.
Pasados dos meses yo promoví un juicio de cambio de custodia en el juzgado 27 de lo civil, donde fue la primera comparecencia y me enteré de que ella había ido más allá y me había levantado una averiguación previa con consecutivo FCH/CUH-7/T2/1768/11-06, de la cual se desprendería una orden de aprensión en mi contra por ocultamiento de menor, por lo que me vi obligado a entregar a mi hijo a su madre, quien ahora lo retiró de la escuela donde yo lo tenía cursando sus estudios y amenaza con no meterlo a ninguna escuela si yo no le pago pensión, colegiatura y por supuesto hacerme cargo de los gastos de ella.
Lo grave de todo esto es que contando yo con pruebas de todo lo que relato en la presente y estudios psicológicos realizados al menor donde se demuestra que en el pasado sufrió de maltrato por parte de su madre y de alienación parental, además de constancias y cartas de las escuelas donde ha estudiado que hacen constar que yo he sido el único responsable de ese niño, las autoridades del Distrito Federal han sido omisas y le dan la razón a ella por el hecho de ser mujer a pesar de que ella tiene un padecimiento de depresión corroborado con infinidad de tratamientos y estudios que se le hicieron mientras estuvimos casados derivados de su conducta violenta y de documentados intentos de suicidio.
Este es el inicio de una campaña de concientización por lo que pido a los medios de comunicación apoyo y a las autoridades competentes, dejen a un lado los fines electorales y se busque la justicia aunque por eso se tenga que dejar a un lado un ejercicio que de facto –con la aprobación de nuevas leyes que atentan contra los padres responsables que velamos por los intereses de nuestros hijos, está generando descontento social.
Mis argumentos van más allá de lo moral y del deber ser, están sustentados en la Carta Magna, cuyo artículo cuarto, donde se especifica que el hombre y la mujer son iguales ante la Ley, es vulnerado por el Código Civil del DF y por su aplicación en los tribunales, y en la VII Tesis aislada del 2011 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice claramente que tanto el hombre como la mujer están en igualdad de condiciones para ejercer la guarda y custodia de los menores.
Sin más por el momento y esperando anunciarles acciones de movimiento social en puerta, quedo a sus órdenes.
Francisco Avilés Cervantes