Guillermo Pimentel Balderas
La diputada local del PRD, Lucila Estela Hernández, exhortó a los titulares de la Procuraduría General de Justicia (PGJDF), Secretaría de Seguridad Pública (SSPDF) e Instituto de Verificación Administrativa (Invea), para que a la brevedad informen cuales son las acciones y medidas del operativo “Rastrillo” que ha violentado los derechos de personas, que han referido que la autoridad verificadora, junto con policías de investigación y elementos de seguridad pública, han entrado de manera ilegal a sus domicilios.
Además, dijo que también tiene quejas de que elementos de dichas dependencias, en dicho operativo, han requerido a los dueños de establecimientos, sin orden, la exhibición de documentos que acrediten la propiedad de objetos que comercializan así como la acreditación de uso de suelo de sus giros comerciales.
“Tanto los verificadores como los policías de investigación, nunca exhiben una orden de verificación, y además con sus armas intimidan y amagan a los comerciantes, a pesar que en algunos casos se trata de personas adultas mayores o enfermas”, reprobó Estela Hernández.
La legisladora perredista detalló que los elementos de seguridad pública, grúas de tránsito, verificadores, policías de investigación y funcionarios del Gobierno local, también cuentan con la colaboración de las Delegaciones correspondientes, en este caso Azcapotzalco, Iztacalco y Cuauhtémoc durante el operativo.
Inclusive, acusó que se han clausurado negocios de forma ilegal, dando como resultado una afectación directa a la única fuente de trabajo que tienen muchas de personas que sí cuentan con documentación que avala el giro comercial.