Por Guillermo Pimentel Balderas

Samuel Rodríguez Torres, líder del Partido Verde en el Distrito Federal, aseguró que la Secretaría del Transporte capitalino (Setravi) ha sido poco eficaz para cumplir el programa de sustitución de microbuses por autobuses, situación que debe ser corregida a la brevedad para brindar seguridad de la ciudadanía.

Además, expuso que para tener un transporte eficiente y seguro, presentará una propuesta de reforma al Reglamento de Transporte del DF, a través de su fracción legislativa en la ALDF, para que se instalen de manera obligatoria cámaras de videovigilancia y botones de pánico dentro de los microbuses y autobuses que proporcionan el servicio de transporte público de pasajeros en la Ciudad de México.

En entrevista, Rodríguez Torres señaló que su propuesta busca equiparar la legislación citadina con la del Estado de México, que recientemente fue modificada para que los transportistas cumplan con esa adaptación.

“La orden fue publicada en la Gaceta Oficial de esa entidad y determina que en un plazo máximo de cinco meses -hasta fin de año-, los transportistas deberán equipar sus unidades con botones de pánico y cámaras de videovigilancia”, apuntó.

El líder del PVEM en el DF, aseguró que esta novedosa vigilancia ha rendido frutos a nivel territorial en el Distrito Federal, en consecuencia al colocarlas dentro de los vehículos se podrá combatir más fácilmente el robo y asalto en transportes de pasajeros, además que se vigilará el cumplimento de los compromisos asumidos por transportistas para mejorar su servicio, cuando obtuvieron el reciente aumento de tarifa.

No obstante comentó que la Setravi ha sido poco eficaz para cumplir el programa de sustitución de microbuses por autobuses, situación que debe ser corregida a la brevedad para que en caso de ser aprobada la iniciativa, “nuestra ciudadanía goce de transportes más eficientes y seguros”, subrayó.

El político verde comentó –a modo de tomar en cuenta- que el gobierno del Estado de México determinó sancionar con multas que van de los 100 a los 500 salarios mínimos a quienes no cumplan con la instalación, e incluso trasladar  las unidades a corralones o como medida final retirar la concesión para brindar el servicio.

El líder ecologista dijo que se reunirá también con la fracción legislativa del PVEM en la Cámara de Diputados, para que analicen la conveniencia de proponer esta iniciativa legal y se pueda aplicar en las zonas metropolitanas de todo el país, mismas que se integran por 345 delegaciones en 29 entidades y son habitadas por casi 60 millones de habitantes.