Las normas 30 y 31 son trajes a la medida de los desarrolladores inmobiliarios y desprecian a los ciudadanos, acusó el presidente de la Comisión Especial para el Análisis y Estudio de las Finanzas Públicas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Víctor Hugo Lobo Román.
Al participar en el “Foro Normas 30 y 31” organizado por le bancada del PAN en el recinto de Donceles y Allende, el legislador del PRD sostuvo que dichas figuras de ninguna manera consideran a los ciudadanos y están muy lejos de ser una alternativa de vivienda popular.
Manifestó que el modelo de ciudad planteado en los programas de desarrollo urbano y delegacionales, ha quedado rebasado, pues en su Artículo 2 la Ley de Desarrollo Urbano establece que en las acciones que se realicen deberán estar involucrados ciudadanos y organizaciones.
Lobo Román destacó que en la izquierda son críticos y propositivos, por lo que planteará hacer modificaciones legales para qué en materia de uso de suelo, participen en primera instancia ciudadanos y jefes delegacionales.
Además, anunció que propondrá la conformación de un “padrón de desarrolladores que han faltado a la norma”, debido a que sorprende que se autoricen certificados de uso de suelo a pesar de la opinión negativa de las jefaturas delegacionales.
“Que se escuche bien, los que estamos presentes y los que estamos en la Asamblea Legislativa, estamos claros que se tiene que fomentar la vivienda de interés popular, que estamos a favor de este tipo de proyectos, pero es claro que la autoridad que emite los certificados de uso de suelo (Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Seduvi) apegados a la norma, nunca los revisa, nunca los sanciona y cuando hay omisiones, tampoco los cancela”, apuntó el diputado Lobo.
Expuso que las jefaturas delegacionales no tienen facultades de verificación; son la última autoridad en enterarse de las aprobaciones, modificaciones y normas que la Seduvi ha aplicado a un proyecto en la emisión de un certificado de uso desuelo.
Se trata –enfatizó Lobo Román- de normas que parecen convenientes de acuerdo a la valoración de un funcionario que no conoce las necesidades sociales, políticas o de identidad de un territorio. Más aún, aseguró que en las colonias el 95 por ciento de los vecinos conoce a su delegado, pero muy pocos saben el nombre del secretario de Desarrollo y Vivienda.
El legislador del partido del sol azteca recordó que el pasado 14 de agosto de 2013, propuso un punto de acuerdo aprobado por unanimidad en la ALDF, donde solicitó la cancelación de la Norma 26, contemplada para impulsar la construcción de vivienda popular.
Dijo que este 19 de agosto se cumplió un año de que teóricamente se suspendió dicha norma, porque hay documentos –que estaremos presentando- con la autorización de la Norma 26 posteriores a esa fecha.
Brevemente realizó un recuento de las normas en las que los constructores han incurrido en abusos como la Norma 12, consistente en la transferencia de potencialidades, la Norma 11 que permite la fusión de predios para incrementar el número de vivienda y niveles y los polígonos de actuación que se usan de manera multifactorial.