Es necesario establecer medidas que permitan a las reclusas acceder a una impartición de justicia expedita y con perspectivas de género, y constituir como tarea prioritaria el garantizar su derecho a vivir libres de violencia, para lo cual debe erradicarse el abuso sexual de que son objeto algunas mujeres en los centros de readaptación.
Así lo dijo la presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la ALDF, Beatriz Rojas Martínez, al insistir en que el gobierno tiene la responsabilidad de investigar y castigar debidamente a las personas involucradas en casos de presunto tráfico sexual en los reclusorios, y sobre todo garantizar la seguridad de aquellas internas de se deciden a denunciarlo.
Al inaugurar el Foro Sobre los Derechos Humanos de las Mujeres en Reclusión, la legisladora subrayó que también se requiere garantizar el acceso a los servicios médicos de calidad para las internas y sus hijos que viven en los centros de reclusión. “Es necesario –dijo— superar la falta de medicamentos para la atención de enfermedades gastrointestinales y de las vías respiratorias, las más comunes en estos lugares”.
En presencia del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis Armando González Placencia, así como otros ponentes, la diputada Beatriz Rojas se pronunció por instrumentar un paquete básico de medicamentos, así como una coordinación interinstitucional que permita el traslado y la atención oportuna en clínicas u hospitales para las mujeres cuando así se requiera.
Aseguró que la ALDF está comprometida con garantizar los derechos humanos de las mujeres en los centros de readaptación social y detalló que en el 2010 en los reclusorios del país había aproximadamente 10 mil 798 internas, lo que representa el 5 por ciento de la población total de dichos centros.
Abundó que en el caso del Distrito Federal en el mismo año, el número asciende a mil 997 mujeres, lo que representa el 4.9 por ciento de la población total penitenciaria de la ciudad, que son 40 mil 347.
Durante el Foro que se llevó a cabo en el Auditorio Benito Juárez de este órgano legislativo, la presidenta de la Comisión de Equidad y Género explicó que del total de las internas, el 20 por ciento enfrenta cargos por delitos del fuero federal, especialmente relacionados con el tráfico de drogas (400 casos).
En lo que se refiere a los delitos del fuero común, agregó, el robo es la principal causa de encarcelamiento, con 43.7 por ciento (873 casos); seguido del secuestro, con 9.3 por ciento (187 casos) y el homicidio con 8.1 por ciento (i63 casos).
Informó que la mayoría de las reclusas son jóvenes, dado que el 70 por ciento tiene entre 18 y 30 años; en cuanto a las actividades laborales que desempeñaban hasta antes de su reclusión, el 50 por ciento se dedicaban a las labores del hogar, y el otro 50 por ciento eran empleadas domésticas y comerciales.
Sobre la preparación académica, la diputada Beatriz Rojas puntualizó que el 14 por ciento de las mujeres en reclusión son analfabetas; el 56 por ciento tienen educación primaria, y el 30 por ciento restantes se distribuye en los grados de secundaria y nivel medio superior.