Por Arturo Estrada Rosales

En el gobierno de la CDMX se están construyendo sinergias entre las instancias pertinentes todos los días para restituir y garantizar el derecho a la educación, a la salud, al cuidado y al juego de los infantes.

La política de este gobierno no es criminalizar ni violentar su salida del trabajo, es protegerlos y generar alternativas de ingreso para las familias.

De ahí que la instrucción del Jefe de Gobierno, Dr. Miguel Ángel Mancera, es no permitir el trabajo infantil en la CDMX, y para lograrlo se deben diseñar e instrumentar  todas las políticas e inversión pública necesarias para garantizar sus derechos.

Se estima que de una población total de dos millones y medio de niñas y niños de entre 5 y 17 años que trabajan a nivel nacional, 86 mil lo hacen en CDMX, siendo tercer lugar nacional en menor tasa de ocupación de menores. Por ello, se trabaja desde las facultades de distintas dependencias y en acuerdo con las autoridades del Metro y de la Central de Abasto para erradicar ahí el trabajo de menores.

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) en colaboración con el Fideicomiso Central de Abasto (FICEDA) firmaron un convenio para trabajar en la erradicación del trabajo infantil en este gran conglomerado mercantil. El primer paso es realizar un diagnóstico de la cantidad y qué tipo de presencia tiene los menores, y el segundo es la instalación de un módulo permanente de la STyFE.

La Comisión Interdependencial para la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección de Adolescentes Trabajadores (CITI-CDMX) está trabajando de manera permanente  para determinar el conjunto de opciones para erradicar el trabajo de menores en el Sistema Colectivo Metro, sin violentar ni criminalizar se protegerá a menores y adolescentes que desempeñen algún trabajo.

En la CDMX estamos comprometidos con garantizar los derechos de las y los niños, así como generar procesos de solución que tomen en cuenta la diversidad de situaciones que empujan a las y los menores a trabajar. No es lo mismo restituirles derechos a menores que lo hacen por historias familiares arraigadas, que por razones de exclusión.