*Afirman diputados
La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados analiza una iniciativa para que en los centros de readaptación social, federales y estatales, se apliquen programas permanentes que eviten la prostitución, el lenocinio y la trata de personas con fines de explotación sexual.
En el documento que modifica el artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se indica que algunos fenómenos que se presentan en el interior de las cárceles del país, y que no son reconocidos por las autoridades, son la prostitución, el lenocinio y la trata de personas con fines de explotación sexual.
Se menciona que debido a las denuncias presentadas por internas de los reclusorios de Santa Martha Acatitla y Tepepan ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) en 2010, se conocieron casos en los que personal penitenciario obligaba y trasladaba a reclusas a prostituirse en los penales varoniles del norte, sur y oriente de la Ciudad de México.
De acuerdo con la CDHDF, en los túneles de acceso a los juzgados anexos a los reclusorios preventivos no sólo se ejerce la prostitución, sino también la trata de personas con fines sexuales. “Cerca de ellos hay baños y exclusas que usan los reos para tener relaciones sexuales clandestinas; los custodios cobran una renta de 50 o 100 pesos”, se añade en la iniciativa.
En el documento impulsado por el diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, se destaca que de acuerdo con cifras no oficiales, proporcionadas por los propios reclusos, se cobra entre 900 y cinco mil pesos por este tipo de hechos.
A pesar de que no es un tema que se investigue a fondo; denunciado por las víctimas o castigado por las autoridades penitenciarias y judiciales, existen pruebas del comercio sexual de mujeres, bajo su consentimiento o no, en algunas de las penitenciarías federales, estatales y municipales, se puntualiza.
Se argumenta que diversas investigaciones relacionadas con la prostitución en las cárceles del Distrito Federal, han señalado que reclusos con poder adquisitivo pueden contratar a sexoservidoras en sus propias celdas o en lugares acondicionados para éstas prácticas clandestinas.
Por ello, se recomienda tomar medidas para el combate de este fenómeno; evitar la participación de las autoridades de los centros de readaptación social, federales o estatales, en actos de prostitución, lenocinio y trata de personas con fines de explotación sexual, e impedir la demanda de los reclusos de servicios sexuales clandestinos, principalmente los que se dan a través de traslados obligados o bajo consentimiento de internas y los que suceden a través de prostitución externa.
“Es impostergable profesionalizar y capacitar al personal dedicado a la custodia; modernizar la infraestructura de vigilancia para la entrada y salida de familiares; perseguir y denunciar la corrupción del personal penitenciario pero, sobre todo, combatir el poder de control que poseen los grupos del crimen organizado en el interior de las cárceles”, se enfatiza en la iniciativa.