Es necesario discutir la legislación sobre el uso de suelo, así como sancionar “ejemplarmente” a aquellos infractores que no cumplan con la regulación correspondiente en la Ciudad de México, aseguró Margarita Martínez Fisher, diputada local del PAN y presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana en la ALDF.
Explicó que uno de estos problemas son las controversias generadas por los cambios al uso de suelo por Artículo 41, y señaló que esta complicación se deriva por un rezago en la actualización de programas, lo que propicia que se tengan que discutir problemáticas en predios con intereses individuales y no con visión integral.
“Represento a un distrito en donde la presión por los cambios ilegales de uso de suelo es extrema y genera gran irritación social”, indicó durante la reunión del Consejo para el Desarrollo Urbano Sustentable (CONDUSE), con diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Margarita Martínez Fisher reiteró que es prioritario sancionar ejemplarmente a aquellos que violaron la Norma 26. También se debe expedir una nueva Ley de Vivienda que aborde los problemas en esta materia en general, y no sólo del sector social y popular.
La legisladora indicó que la Ciudad de México también necesita un sistema de información geográfica de última generación que proporcione información real, y de esta forma generar soluciones oportunas, para las dinámicas en un territorio tan complejo.
“Sin duda, la constitución de mecanismos de control y evaluación del desarrollo urbano como los observatorios ciudadanos son ya un requisito para lograr una nueva dinámica de planeación, gestión y evaluación del desarrollo”, señaló.
“Tenemos que cambiar paradigmas y plantear mejores mecanismos para que exista orden y legalidad, esa es la demanda ciudadana más sentida”, agregó.
Martínez Fisher indicó que es hora que las autoridades dejen de ver a la participación como un riesgo, y comiencen a verla como una oportunidad de generar un desarrollo urbano sustentable y equitativo.
La legisladora aseguró que todos los sectores de la sociedad e instituciones tienen que participar para actualizar la legislación vigente.