A seis días de que entre en vigor la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social, el diputado local Alejandro Carbajal González urgió al gobierno de la Ciudad a dotar al Tribunal Superior de Justicia del D.F. de los recursos necesarios para que los 25 impartidores de justicia que se tienen contemplados para los Juzgados de Ejecución con sus salas orales, funcionen de manera correcta.
Recordó que se requieren 300 millones de pesos para que esta legislación entre en operación y se pueda atender la demanda de al menos 20 mil internos que solicitarían el beneficio de la prisión domiciliaria con el uso de brazalete, lo cual hace prever que los dos primeros juzgados que se tienen previstos para empezar a funcionar en el Reclusorio Sur serán insuficientes, lo que generaría retrasos por acumulación de trabajo; aunque sabe que el TSJDF tiene capacitados a 11 jueces de ejecución.
Dijo que debido a la aprobación de las reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del D.F. y la creación de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social, se requieren por lo menos de 5 juzgados en cada reclusorio que estén adosados a los túneles de prácticas, con salas de oralidad, lo que implica la habilitación de espacios anexos a los centros penitenciarios, que urge se lleven a cabo para el correcto funcionamiento del proceso previsto en la ley.