El grupo parlamentario del PRI en el Senado pidió a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) que esclarezca los presuntos actos de corrupción y extorsión de Nelson Francisco Toledo Gutiérrez, subcontralor con licencia de Atención Ciudadana y Normatividad, de la Contraloría General del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF).
Los legisladores expresaron que se debe aplicar “todo el peso de la ley” a quien o quienes resulten responsables del presunto delito de extorsión, en el seno del órgano de control del Instituto.
En un punto de acuerdo, que se turnó a la Primera Comisión de la Permanente, destacaron que un diario de la Ciudad de México informó que la Fiscalía para Servidores Públicos recibió en un sobre amarillo un video que exhibe a Nelson Toledo contando fajos de billetes, que presuntamente habría exigido como parte de sobornos a empleados de diferentes oficinas gubernamentales.
Además, la PGJDF recibió una carta anónima en la que señala que “por medio de Toledo, su hermano Mauricio, delegado en Coyoacán, cobra diezmo del salario y hasta vales a empleados del IEDF, la delegación y la ALDF”.
Ante la gravedad de este asunto, enfatizaron los senadores, resulta inadmisible que las autoridades del IEDF, no hubieran detectado a tiempo este tipo de prácticas de corrupción que involucran a un servidor público con un cargo de subcontralor.
De comprobarse la veracidad del presunto cobro a empleados de dicha institución, estaríamos ante una de las más grandes faltas administrativas que el Instituto deberá enfrentar, a causa del indebido comportamiento de un servidor público.
Por tanto, consideran de suma importancia que la investigación del caso por parte de la PGJDF sea seria y contundente, sin importar parentescos ni afiliaciones políticas.
Más allá de esta situación que se vislumbra en el IEDF, agregan, sería importante indagar desde cuando Nelson Gutiérrez ha estado realizando este tipo de prácticas, considerando que su ingreso al IEDF fue en marzo de 2013.
Ante ello, establecen el supuesto de que Toledo tendría más de una año de beneficiarse ilegalmente a través de las prebendas que exige a los empleados, ya sea como parte de sus quincenas o de la entrega de vales de despensa.