“Seremos una Comisión legislativa que escuche y ayude, que tome en cuenta a la ciudadanía, a los expertos y a las organizaciones sociales para sumar sus voces e integrar sus propuestas al trabajo legislativo”, aseguró la diputada local Mariana Moguel Roble.

En su calidad de presidenta de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dijo: “Hoy, una situación de pobreza no solo se hace visible vía la insuficiencia de ingresos, sino también las carencias en el acceso a los derechos sociales”.

La asambleísta repasó algunos indicadores del CONEVAL establecidos en 2014, cuando dio a conocer que el principal problema fue la carencia en materia de derechos sociales:

- La tercera parte de la población no cuenta con los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas (alimentarias y no alimentarias). - Poco más de la mitad de los capitalinos tiene carencias de derechos sociales, al menos una de las seis carencias identificadas por CONEVAL.

- 2.5 millones de habitantes es considerada población vulnerable; principalmente, estamos hablando de carencias en el acceso a la salud, calidad de la vivienda y seguridad social.

Aprovechó para hacer un llamado a todas y todos los diputados locales para tener la suficiente apertura para debatir propuestas que impulsen acciones redistributivas de las oportunidades de desarrollo social y, especialmente, que garanticen el acceso y calidad de los servicios básicos para las mayorías.

“A través del debate, trabajo colectivo y el acuerdo legislativo se llevarán a cabo modificaciones y reformas de leyes efectivas para combatir la pobreza y fomentar la igualdad de oportunidades”, insistió la legisladora.

Planteó que el presupuesto de desarrollo social para el próximo año será un tema mayor para esta comisión e invitó como presidenta a trabajar en asuntos sensibles para los capitalinos y las organizaciones de la sociedad civil, legislar para un desarrollo social más inclusivo.

Precisó que de igual manera se realizará una profunda revisión de la normativa vigente y de las condiciones presupuestarias en materia de desarrollo social, así como de la operación de la política social que está llevando a cabo el Gobierno de la Ciudad.