Durante el Coloquio “Libertad de Información y el Derecho a Saber, un reto para la vida democrática”, realizado en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), especialistas, investigadores y periodistas, discutieron sobre el derecho de las audiencias, el derecho a la privacidad y el uso de redes sociales.
Al participar en el Panel “La Libertad de expresión, el derecho a la privacidad e intimidad”, el investigador Raúl Trejo Delarbre puntualizó que, pese a la obligación del Estado de proteger este derecho, las limitaciones a las que aún se enfrenta la libertad de expresión son la violencia contra informadores, falta de adecuación a los tiempos actuales de legislaciones en la materia, concentración de los medios y los intereses empresariales, entre otras.
En su intervención, el comunicador Omar Raúl Martínez expresó que cuando el derecho de la libertad de expresión entra en conflicto con otros derechos fundamentales, es importante buscar caminos de armonización, con la finalidad de promover la salvaguarda de la integralidad de los derechos ciudadanos.
“Tratar de contribuir a airar un entorno democrático es fundamental, a partir de la complementariedad entre la Ley, la responsabilidad de los medios, y la participación social”, concluyó el también académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Cuajimalpa.
Por su parte, Mauricio Romero, de la Revista Contralínea, destacó que el profesionalismo periodístico con el que se trabaja, es el que pondera qué datos de la privacidad o la intimidad de cualquier persona con un cargo público son, en determinado momento, públicos y cuáles sencillamente no lo son; pues el derecho a la información, “recientemente está siendo utilizado para cerrar datos que sí son de interés público”.
En el Panel “Derecho de las Audiencias”, Aleida Calleja dijo que un reto más que impone la nueva Ley de Telecomunicaciones es la de cambiar el paradigma sobre el cual se favorecen los derechos de los empresarios respecto a los de las audiencias.
Por su parte, Adriana Solórzano Fuentes enunció los derechos de la audiencia que deberían ser exigibles en un código mínimo de ética en los medios de comunicación, como el recibir contenidos que reflejen la pluralidad ideológica, política, social, cultural y lingüística en México; así como recibir contenidos y opiniones que fortalezcan socialmente la vida democrática.
El investigador y periodista Gabriel Sosa Plata se refirió al caso de Carmen Aristegui y MVS Radio, y cuestionó que además de que la periodista perdió legalmente, aún debe analizarse lo que perdió la audiencia que se sentía identificada con su noticiario y en la búsqueda de la incidencia que tienen los escuchas, lectores y público en general, para hacer que un comunicador entre o salga de un espacio, vale continuar la exigencia de derechos a través de la vía del amparo, que siguen siendo rechazados por improcedentes, de acuerdo a algunos jueces, aunque otros reconocen algunos derechos de las audiencias.
El filósofo y periodista Francisco Prieto Echaso insistió en la necesidad de que las audiencias participen activamente, que conozcan sus derechos y los hagan valer, de manera tal que tengan acceso a contenidos de calidad, pero también a locutores, conductores, periodistas y comunicadores que tengan una formación profesional adecuada y una preparación en cultura general, en su caso, en los temas específicos que aborden con su público.
En el Panel “Democracia, redes sociales y el derecho a saber”, el investigador Julio Alejandro Téllez Valdez, explicó que en un “gobierno abierto” la sociedad debe participar para acceder a la información pública. Sostuvo que esto permite alternativas para generar confianza en las instituciones.
En este contexto, expresó su rechazo a las reservas de información que se puede hacer hasta por cinco años, según la la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Manifestó que hay instituciones que ofrecen información que debería ser pública, pero que no está disponible en sus portales.
El periodista Alejandro Cárdenas destacó que uno de los retos en el uso de redes sociales en el espacio de la democracia es la interacción con la ciudadanía. Explicó que las instituciones públicas han desaprovechado completamente este escenario porque no hay ninguna intención de comunicarse con las personas, de uno a uno, de uno a muchos, incluso de muchos a muchos.
Lo que se percibe, dijo, es una lucha entre los grupos de marketing y partidos políticos, por un lado; y por el otro, medios de comunicación, organismos civiles, colectivos sociales y personas de a pie. Ambos se disputan el espacio de las redes sociales creando tendencias sobre temas de interés público y a través de cuentas falsas automatizadas, para que la “información oficial” sea posicionada.
La investigadora Gisela María Pérez Fuentes enfatizó que sobre el Derecho a la libertad de expresión, el Derecho a la dignidad de las personas ha quedado en la orfandad porque se ha descuidado la protección de servidores públicos y ciudadanos cuando caen sobre ellos los ataques de las redes sociales.
Expuso que son contantes estas agresiones en muchos países y los autores de los contenidos no son los únicos responsables del daño moral, también los son los prestadores de servicios de internet, como por ejemplo, el buscador de contenidos más importante del mundo.