El diputado Alejandro Carbajal González llamó a no regatear recursos para consolidar la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social, por lo que urgió al Gobierno del Distrito Federal a destinar los 300 millones de pesos que se requieren para que esta legislación entre en operación el 19 de junio del presente año.
Sostuvo que la legislación recientemente aprobada, representa un significativo avance del sistema penal acusatorio en el Distrito Federal, ante los problemas por los altos niveles de violencia y sobrepoblación que actualmente se viven en el interior de los reclusorios no solamente de la Ciudad sino de todo el país.
El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la ALDF dijo que a 26 días de la entrada en vigor de dicha ley se necesitan tomar acciones inmediatas, pues “si el Gobierno del Distrito Federal aporta la infraestructura necesaria, sólo se requerirían 140 millones de pesos para gasto corriente”, insistió.
Resaltó que con la aprobación de las reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del D.F. y la creación de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social, la LADF cumplió cabalmente con la Reforma Constitucional de 2008 y la oportunidad de reorientar el sistema penitenciario hacia un modelo más eficaz de administración y procuración de justicia.
Con lo anterior, declaró el legislador del sol azteca, se dará una mayor coordinación entre autoridades judiciales y ejecutivas que permita realmente reincorporar a quien ha cometido un delito, a la vida en sociedad.
Subrayó que en un análisis del costo beneficio de dicha acción nos va a permitir despresurizar los penales de la Capital y no tener que seguir gastando en la manutención de reos, de los cuales se tiene la previsión de al menos 20 mil solicitarían el beneficio de la prisión domiciliaria con el uso de brazalete.
Asumió el compromiso de hacer todo lo que esté a su alcance para que el Tribunal de Justicia del Distrito Federal cuente con los recursos suficientes para que cumpla con la aplicación de la nueva ley y el plazo constitucional.