Recientes datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) indican que en 2014 en el mundo cada día 42 mil 500 personas en promedio se convirtieron en refugiadas, solicitantes de asilo o personas deslazadas internamente, dicha estimación es cuatro veces más la cifra presentada hace cuatro años.
En México, este fenómeno también ocurre y aunque no es reconocido oficialmente, científicos sociales dedican sus investigaciones para comprenderlo y explicarlo. La doctora Natalia De Marinis, de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aborda desde una perspectiva histórica el proceso que sufrió la comunidad indígena triqui de San Juan Copala, Oaxaca, de 2009 a 2012, y que desplazó a cerca de 600 personas de su lugar de origen.
“Los triquis son un pueblo cuya historia ha estado caracterizada por la violencia, pero también por los movimientos de resistencia gestados desde el siglo XIX para frenar los despojos territoriales, reivindicar sus territorios y defender su autonomía”, dice De Marinis.
Una de las razones que explican por qué esta zona tiene una historia de violencia, se debe a que su tierra es muy rica en recursos naturales comparada con la condición desértica de casi toda la Mixteca. La región triqui ha sido lugar de cultivo del café, que al no tener un sistema de fincas, implicó la construcción de un complejo sistema de poder y concentración de la comercialización de este fruto a manos de caciques mestizos externos a los triquis, que mantenían segregada a la región para controlar el monopolio del comercio.
“Lo que llama la atención en estos documentos históricos -explica-, es que a los triquis se les hace ver como personas salvajes fundamentando prácticas represivas por parte del gobierno, como el escarmiento público, esto a manera de controlar y regular al resto de las comunidades indígenas de Oaxaca, construyendo gobernabilidad a través de la violencia”.
En este contexto, en 2007 el pueblo triqui y 10 comunidades más gestaron un movimiento por la autonomía que buscó frenar la violencia reconociendo la causa de la misma en la política electoral. El proyecto de autonomía, apunta De Marinis, fue un intento de pacificación que generó el rechazo de comunidades que seguían bajo el régimen partidista que llevó al asesinato de más de 30 personas, el ataque a muchas mujeres y el desplazamiento del centro ceremonial, político y religioso, San Juan Copala, disputado por los grupos políticos de la región.
Durante el desplazamiento se realizaron varias mesas de negociación en las que intervinieron representantes de ACNUR, y la alianza de partidos que puso fin a los 81 años consecutivos de priismo en el estado de Oaxaca. “Lo que se acordó en esas mesas implicaba el retorno de dos familias cada 15 días, lo que los desplazados no aceptaron debido a la inseguridad que esto suponía para las familias, pues los dejaba en un alto grado de vulnerabilidad”.
Las históricas luchas que vivieron los triquis llevaron a la antropóloga a situar el desplazamiento de 2009 dentro de un continuo de violencia con el argumento que lo que se dio durante este nuevo desplazamiento fueron grietas a aquella territorialidad física y política impuesta por el conflicto, en el que el pueblo triqui se vio obligado a reconstruir no solo el territorio sino también la manera en la que ejercían el poder y en el que las relaciones de poder y de género cambiaron.
“Si bien la violencia y el desplazamiento forzado nos hablan de destrucción, sufrimiento y pérdidas, también implican búsquedas, agencias y cambios”.
Los cambios
Natalia de Marinis sostiene que a diferencia de la migración o el exilio, que permite de cierta manera tener una mayor conciencia de las causas de la movilidad, el desplazamiento forzado es una salida abrupta del mundo al que se pertenece, es un despojo de los sentidos dados a la vida, al territorio, a las relaciones, conformando experiencias muy traumáticas de violencia que se dan antes y durante el desplazamiento. “En este caso, iniciando el asedio, algunos indígenas se desplazaron como pudieron, se fueron a comunidades que son parte del movimiento por la autonomía o con familiares en comunidades aledañas”.
Pero en otros casos, aquellos que no contaban con redes de protección se desplazaron hacia la ciudad, lo que supuso una experiencia diferente signada por mayores exclusiones y discriminación.
Las mujeres y el papel del líder
Uno de los cambios más coyunturales que observó Natalia De Marinis con respecto a las relaciones de género, fue una grieta que apareció y que las mujeres la hicieron un espacio de participación política distinto y que había comenzado justamente durante el proyecto de autonomía.
“Varios antropólogos de mediados del siglo XX hablan de la figura del líder dentro de una estructura clanica, de aquellos linajes vinculados a lo sacro, un líder dentro de una organización patriarcal, en este caso patrilocal, dentro de la comunidad triqui. Pero me interesé en conocer la manera en que si bien esta figura de líder tenía que ver con la relación parental o clanica, estaba también permeada por la construcción violenta de Estado en la región”.
Esta figura sobresalía frecuentemente en los testimonios de las mujeres triquis, sobre todo por la manera en que reflexionaban sobre las masculinidades violentas construidas en el conflicto, sumamente negativas para ellas. Contrastaba otro tipo de liderazgo formado por la autonomía durante el movimiento, uno pacifico que había dado participación a las mujeres. La autonomía, de la mano de otro tipo de liderazgo, les había permitido expresarse y sentir libertad como mujeres.
“Nosotras –recuerda la investigadora la opinión de una mujer triqui- no sabíamos hablar de política, estuvimos excluidas de la actividad política y cuando llegamos aquí tuvimos que romper ese silencio y esa invisibilidad y hablar desde el sentir”.
Ellas, dice De Marinis, comenzaron un proceso organizativo en el marco de la defensa de sus derechos como pueblo indígena y hablaron por primera vez, en el contexto de migración histórica de los triquis, de desplazamiento forzado. Por años se habló de la diáspora triqui o de migración, ahora, añade la investigadora, es un fenómeno que se reconoce y las mujeres organizadas lo plantearon como un agravio colectivo en sus demandas por justicia y seguridad.
“El desplazamiento forzado interno es un agravio que aún no cuenta con una legalidad oficial que lo reconozca, esto es lo que se está buscando desde diversas organizaciones de derechos humanos y desde varios espacios académicos”.
El trabajo de documentación de archivo testimonial y etnográfico que reúne la especialista es el resultado de su tesis “En los márgenes de la inseguridad: desplazamiento forzado y relaciones de género en y poder en San Juan Copala, Oaxaca”, ganadora del Premio de la Academia Mexicana de Ciencias a Mejores tesis de doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades 2014.
Natalia De Marinis explica que nombrar la violencia estructural y de despojo que sufren amplias poblaciones en el país y más allá, requiere de trabajos de memorias y un compromiso desde la academia. Apunta que su tesis implica una de esas apuestas en que la investigación antropológica está repensándose también a la luz de procesos de construcción política desde la defensa de derechos colectivos.
“El trabajo formó parte también de proyectos colectivos de investigación con antropólogas comprometidas con la defensa de los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas del CIESAS y de otras instituciones. Esperamos que estos temas lejos de ser olvidados puedan ser visibilizados y difundidos, y ayuden a reflexionar sobre el papel de la investigación en contextos de violencia”.