En 2003, siguiendo las recomendaciones de un Grupo de Trabajo establecido por el G10 con el objetivo de desarrollar provisiones contractuales específicas para facilitar la cooperación entre emisores soberanos e inversionistas en caso de reestructura, México se convirtió en el primer país en modificar sus contratos de deuda externa para incluir una Cláusula de Acción Colectiva (CACs) en su emisión de febrero de 2003, encabezando lo que más tarde se convirtió en una práctica de mercado.
Teniendo como antecedente la problemática en la reestructuración de deuda en Argentina, en la que un pequeño grupo de acreedores tuvo la capacidad legal de obstaculizar el acuerdo alcanzado por el Gobierno Argentino y la amplia mayoría de sus acreedores, la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés) y el Fondo Monetario Internacional han publicado una serie de recomendaciones para fortalecer las cláusulas de los contratos de deuda soberana. En particular, recomendaron la inclusión de nuevas cláusulas CACs y pari passu, en beneficio de emisores e inversionistas, ya que contribuye a alcanzar procesos de reestructura ordenados cuando éstos son necesarios. Estas recomendaciones cuentan con el apoyo de diversas autoridades financieras, inversionistas y despachos de abogados. Adicionalmente, en la Declaración de Brisbane del 16 de noviembre de 2014 el G20 manifestó su apoyo pleno a la adopción de estas recomendaciones.[1]
Al respecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que México introdujo un nuevo marco contractual para su deuda externa a través de una operación de financiamiento en los mercados internacionales, y colocó un nuevo bono de referencia a 10 años por un monto de 2,000 millones de dólares. El nuevo marco contractual introducido por México cumple con las recomendaciones emitidas por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés) y el Fondo Monetario Internacional. Esta es la primera ocasión en la que un emisor soberano registra este tipo de cláusulas en una oferta pública bajo leyes de Nueva York, con lo cual, se marca una pauta para el uso de estos nuevos estándares en las emisiones de deuda soberana.
El bono con vencimiento en enero de 2025 paga un cupón de 3.6% y ofrece un rendimiento al vencimiento de 3.678%. Este rendimiento equivale a un diferencial con respecto a la tasa del Bono del Tesoro Norteamericano a 10 años de 135 puntos base. Esta colocación a 10 años logró el cupón y el rendimiento más bajo alcanzado por México en su historia. La transacción tuvo una demanda de más de 3 veces el monto emitido (más de 6,000 millones de dólares) y contó con la participación de más de 240 inversionistas institucionales de América, Europa y Asia. Con esta colocación se contará con recursos para refinanciar pasivos, amortizar vencimientos de deuda y cubrir necesidades futuras de financiamiento. Las condiciones alcanzadas en esta emisión reflejan la confianza de los inversionistas internacionales en el manejo macroeconómico y la conducción de las finanzas públicas por parte de la Administración del Presidente Enrique Peña Nieto.
Esta transacción cumple con los siguientes objetivos:
a) Confirmar el liderazgo de México al introducir mejoras en los contratos de deuda externa de emisores soberanos.
b) Captar recursos a un costo históricamente bajo.
c) Ampliar la base de inversionistas y preservar la diversidad del acceso al crédito en diferentes mercados.
d) Emitir bonos de referencia que facilitan el acceso al financiamiento a una amplia gama de emisores, públicos y privados.
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Dr. Luis Videgaray Caso, destacó que: “con esta transacción, México reafirma su liderazgo en los mercados financieros internacionales, introduciendo un nuevo marco contractual para emisores soberanos, con el respaldo y aceptación de la comunidad financiera internacional y a un costo históricamente bajo".