La Inclusión Financiera considera el desarrollo de nuevos modelos de negocio y alternativas de servicio, como un pilar fundamental para llegar a la población de menores recursos económicos, a través de canales innovadores con estructuras de costos más bajos en beneficio de todos los mexicanos.
Así, han aparecido recientemente novedosos productos en banca electrónica, cuentas móviles a través de celulares, apertura de cuentas de bajo riesgo con pocos requisitos, o bien la promoción de la figura del comisionista o corresponsal bancario, entre otras opciones, que han permitido incrementar las ventanillas de acceso a diversos servicios bancarios, y con ello promover un mayor nivel de penetración entre la población mexicana, mediante el ofrecimiento de más puntos de distribución de servicios financieros idealmente con menores costos, en beneficio del usuario final.
Muchas de estas facilidades están vinculadas estrechamente a la población joven del país (19 a 45 años), quienes dominan plenamente el uso de la nueva tecnología (internet o celulares).
Respecto de los adultos mayores, cifras de CONAPO señalan que entre 2010 y 2015, habrán de incorporarse poco más de 3 millones de personas a ese grupo poblacional, para llegar a totalizar a esas fechas (2015) alrededor de 12.5 millones de adultos mayores de 60 años o más.
A fin de contribuir a que el sistema ofrezca mejores productos y servicios a todos los segmentos de la población incluyendo por supuesto, a los adultos mayores, Condusef considera muy importante ampliar las condiciones en materia de accesibilidad, para personas que por cuestiones generacionales no están familiarizadas con el uso de nuevas tecnologías (capacitación, orientación, tamaño de letra), para lo cual podrían diseñarse productos concebidos especialmente para este grupo de la población, pues en la actualidad pocos adultos mayores utilizan estas opciones.
Los adultos mayores, resultan un mercado atractivo para los proveedores de crédito y servicios, ya que se ha cambiado la expectativa de vida de la población en general hacia los 76 años de edad, por lo que ahora tenemos personas con capacidad, experiencia y energía que continúan en actividades productivas más tiempo, ante lo que resulta poco congruente que la mayoría de las instituciones de crédito les niegue el acceso a créditos, aun cuando puedan demostrar su nivel de solvencia e ingresos suficientes, incluso si cuentan con una pensión.
Lo anterior podría considerarse como una discriminación y resulta contraria a los propósitos que motivaron la publicación de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, o la creación de organismos como el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.
Finalmente, se considera que existe el segmento de mercado y las condiciones necesarias, para que las instituciones financieras, y entre éstas las otorgantes de crédito, desarrollen productos u opciones de servicio que permitan atender de mejor manera las necesidades de los adultos mayores.