Debido al aumento considerable de la deuda de las entidades en los últimos ocho años, los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, aprobaron solicitar un informe a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a los congresos estatales sobre la situación de empréstitos y obligaciones de pago de los estados.

En el dictamen aprobado en reunión de trabajo, los legisladores señalan que si bien aún no se ha convertido en fuente de riesgo inminente para las finanzas públicas, es necesario que se cumpla con lo que establece la reforma constitucional en materia de disciplina financiera, pues con ello se evita el riesgo de tener una deuda sub-nacional fuera de control.

El documento refiere, de acuerdo con información de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que la deuda pública casi se triplicó, al pasar en el 2007 de 186 mil 470 millones de pesos, a 509 mil 690 millones de pesos en el último trimestre de 2014.

Este aumento significó un nivel de crecimiento del 1.4 por ciento respecto al año anterior, lo que representa el 3.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), cifra que está por debajo del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Sin embargo, los diputados y senadores consideran necesario conocer los empréstitos y obligaciones de pago vigentes, a fin de que se conozca la dimensión clara sobre el endeudamiento subnacional, y cumplir con el plazo que establece la ley para dar a conocer dicha información.

La Tercera Comisión aprobó 12 dictámenes, entre otros, un exhorto a la Condusef y a la SHCP para ampliar su colaboración con la Asociación de Bancos de México, a fin de crear un mecanismo eficaz para evitar que las instituciones financieras y de seguros incurran dentro de sus contratos de adhesión en cláusulas abusivas.

Además, una solicitud de información al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sobre la situación que prevalece en torno a la demanda de los trabajadores jubilados y pensionados de dicha institución, respecto a los 38 días de prima de antigüedad.

También fue aprobado un dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que informe sobre los proyectos hidrológicos a desarrollarse en el Ejercicio Fiscal 2016.