La Comisión Permanente recibió un oficio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) por el que envía una lista de cuestionamientos, a partir del informe inicial que México sometió a la consideración del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, el 27 de abril de 2011, relativo a la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Así, solicita informar sobre las medidas que el Poder Legislativo adopta para revisar y armonizar la legislación en vigor --federal y de cada entidad federativa-- con la convención.
Pide además explicar las medidas que el Estado mexicano ha impulsado con el fin de revisar y derogar la legislación civil que declara la incapacidad absoluta de las personas con discapacidad, así como las acciones para promover que las personas con discapacidad ejerzan plenamente su capacidad jurídica.
Entre las instituciones que deberán responder a cuestionamientos similares se encuentran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).