Guillermo Pimentel Balderas
El vocero del CEN del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Eduardo Sánchez Hernández, luego de rechazar y censurar enérgicamente el espionaje político telefónico por parte de las instituciones del Estado, dejó entrever que las muertes de Juan Camilo Mouriño, Marco Antonio Blake Mora y Martín Huerta, podrían haber sido por corrupción y negligencia en el mantenimiento de las aeronaves del Gobierno federal, por lo cual exigió a las autoridades competentes, procedan de inmediato a realizar las investigaciones del caso.
En conferencia de prensa en la sede del PRI nacional, Sánchez Hernández, en forma categórica rechazó y censuró todo tipo de prácticas de espionaje telefónico y subrayó que “estaremos atentos de ver cual es la reacción que tiene el Gobierno federal sobre esto”.
Consideró que es lamentables que se estén utilizando las instalaciones del Estado y los mecanismos de investigación criminal para llevar a cabo el espionaje político. “Esto es inadmisible”, subrayó al insistir que en un gobierno democrático no se puede permitir.
Añadió que “nosotros como PRI, rechazamos totalmente este tipo de prácticas, la censuramos; no puede ser, ni podemos acostumbramos como ciudadanos mexicanos a ver la secuencia que nos deja que las instituciones del Estado están al servicio del espionaje político”.
Dijo que este espionaje parece estar conducido desde las instalaciones de la Secretaria de Seguridad Pública, y “si los miembros del mismo partido del gobierno son espiados; entonces, qué podemos esperar los competidores, en este caso los priistas, en esta contienda electoral”.
Y a mayor abundamiento indicó: “A nosotros lo que más nos preocupa es el hecho de que presumiblemente el Estado mexicanos esté haciendo este tipo de prácticas”.
Insistió en que estarán atentos a la actuación de las autoridades y “suponemos que habrá una investigación al respecto”.
Con relación a la corrupción en el mantenimiento de las aeronaves del Gobierno federal, indicó que sería muy grave constatar que la corrupción se encuentra detrás de las tragedias aéreas y, peor aún, que la falta de una investigación objetiva, acuciosa y efectiva, impidiera la prevención de accidentes en el futuro.
Explicó que “afortunadamente” el candidato a la presidencia de la República del PRI, Enrique Peña Nieto, no utilizará durante su campaña aeronaves de la Procuraduría General de la República, de la Defensa Nacional o de la Armada de México, por lo cual no hay temor alguno al respecto.
Recordó que el pasado 14 de marzo se hizo público un escándalo de corrupción en el que hasta ahora están implicados funcionarios mexicanos de la Presidencia de la República, la Policía Federal, y los estados de Sinaloa y Sonora, en relación con el mantenimiento, supervisión y reparación de aeronaves oficiales.
“No sabemos si la actuación de los funcionarios corruptos se circunscribe exclusivamente a la empresa BizJet International Sales & Support o si abarca a otras empresas de mantenimiento aeronáutico, pero es importante puntualizar que tampoco se ha esclarecido el alcance de las relaciones de esta empresa con el Gobierno federal, dado que apenas hace unos días se divulgó que también estuvo contratada para atender a la flota aérea de la Procuraduría General de la República”.
Puntualizó que cualquier caso de corrupción es grave; sin embargo, aclaró que el aquí referido implica enormes riesgos para la vida humana por su vinculación con la seguridad de las aeronaves, por lo cual debe revelarse a la brevedad si la corrupción guarda relación también con actos de negligencia.
Es importante recordar que en el 2008, la corrupción estuvo presente en las causas del accidente del avión de la Secretaría de Gobernación que cayó en la ciudad de México causando la muerte de 12 personas.
Menciono que podría haber conflictos de intereses en los accidentes y que las instituciones involucradas como la PGR, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, podrían estar involucradas en sobornos de contratos en los peritajes de los accidentes que han arrojado, hasta el momento, 95 muertos y 40 lesionados, incluyendo los funcionarios fallecidos del Gobierno federal.