Emanuel Zúñiga Sánchez, presidente de la Federación Nacional de la Industria Herbolaria, Medicina Alternativa, Tradicional y Naturista, informó que la próxima semana iniciarán reuniones de trabajo con diputados, a fin de construir e impulsar una iniciativa para modificar la Ley General de Salud, ante la prohibición de vender más de 432 plantas medicinales para té e infusiones en el mercado nacional.
Se busca clarificar la regulación de este sector productivo generador de empleo y que preserva una tradición cultural milenaria de México, ya que ha sido víctima de “una cacería de brujas” por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Eso ha derivado en cierre de tiendas naturistas, decomiso de productos y multas impagables, de entre 400 mil a un millón de pesos, pese a que cada negocio tiene un valor que no rebasa los 50 mil pesos, aseguró.
Apuntó que las regulaciones incrementan los costos de producción, insostenibles para el sector, conformado en su mayoría por micro y pequeños empresarios y distribuidores. Llamó al Ejecutivo federal y a los legisladores a construir acuerdos que alienten y preserven a la medicina tradicional del país, ya que es una verdadera alternativa de salud.
“No es que nosotros queramos seguir fabricando productos milagro; elaboramos suplementos, que incluye la recolección de hierbas, deshidratarlas, encapsularlas y expenderlas con marca propia, sin afectar a los consumidores finales”, lo cual se realiza sobre bases científicas, garantizó.
Al participar, Juan José García Ochoa, subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, destacó la importancia de estos productores que generan una derrama económica de 600 millones de pesos anuales. Manifestó a nombre del gobierno capitalino el compromiso de apoyarlos, a través de una política pública específica.
Refirió la necesidad de identificar los mecanismos que promuevan la generación de empleos y salarios dignos, con el propósito de apoyar a actividades populares como la herbolaria y la medicina tradicional, y de esa forma lograr que “crezca la actividad económica con una visión social”.
Se busca generar condiciones para que los ciudadanos, “desde abajo de las raíces de nuestras tradiciones defiendan justamente lo nuestro, lo preserven y ofrezcan fuentes de empleo”, afirmó.
En su turno, Felipe Reyes Fuentes, investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo, puntualizó que la regulación y prohibición de las plantas medicinales deben realizarse a través de investigaciones avaladas por científicos y especialistas que demuestren que el consumir cierto producto es nocivo para la salud.
Añadió que en la actualidad la Cofepris vetó el consumo de infusiones y té de ciertas plantas medicinales como del árnica, epazote y ruda; sin embargo, esto no tuvo un sustento científico especializado, pues en el caso del árnica fue prohibida la especie europea y los inspectores de salud multan a quienes venden las trece variedades de árnica nacionales.
Finalmente, Sara Marce Vuelvas, representante de “Parteras y Médicas Tradicionales del Altiplano”, llamó a reformar las leyes “en un marco más humanizado” y con visión integral, para evitar perder el conocimiento herbolario y la medicina alternativa que han sobrevivido 8 mil años en el país. Propuso reconocerlas como patrimonio de la humanidad, ya que su práctica se vincula con el cuidado del medio ambiente.