Rafael Ortiz Pacheco, presidente nacional de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas A.C (AMOTAC), y Salvador Rivera Castrellón, presidente de la Unión Nacional de Transportistas Campesinos (UNTRAC), lamentaron el grave accidente donde explotó una pipa que transportaba gas LP con doble remolque en la carretera México-Pachuca, pero sostuvieron que este tipo de transporte es ilegal en su circulación en el país, y sobre todo en las zonas urbanas.
Por otra parte, advirtieron que la reforma que se pretende aprobar en el Senado, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal “es inconstitucional puesto que promueve el monopolio, afecta nuestras propiedades y posesiones y es discriminatoria así como el que nos impide dedicarnos al trabajo, profesión u oficio que más nos acomode como ciudadanos mexicanos”, expusieron,
Acompañados y apoyados por Max Correa Hernández, coordinador en turno del Congreso Agrario Permanente (CAP), los dirigentes de AMOTAC y UNTRAC rechazaron la iniciativa aprobada “irresponsablemente” por la Cámara de Diputados y que está en discusión en el Senado para que el 90 por ciento de los transportistas hombre-camión quienes llevan los productos agrícolas de todo tipo a los centros de consumo, cambien su planta vehicular.
Solicitaron, una mesa de diálogo y trabajo con el Senado de la República a fin de que los transportistas afectados puedan exponer su problemática, sus propuestas y no sean solo los empresarios del monopolio del transporte quienes representan solamente el 10% del parque vehicular (CANACAR, CANAPAST, ANTP) los que influyan en la elaboración de las leyes.
En dicha mesa, resaltaron, de busca proponer temas como cambiar algunos conceptos como la norma 012-SCT-2-2008 relativa a los pesos y dimensiones de los transportes para poder transitar en los caminos y carreteras del país que es la que de manera irresponsable permite la circulación de vehículos doblemente articulados con pesos y dimensiones exageradas.
Asimismo, de la norma 068-SCT-2-2008 relativa a la revisión físico mecánica de todos los vehículos de carga, pasaje o turismo que transitan en el país, contando en la actualidad con menos de 300 talleres autorizados para realizar estas revisiones dos veces al año, lo cual son insuficientes.
Ortiz Pacheco y Rivera Castrellón, exigieron ser tomados en cuenta, pues los permisionarios representan a más de 300 mil familias, las que viven del transporte de carga y pasaje, por lo que advirtieron que de aplicarse esta iniciativa de Ley quedarán en total desamparo, incluyendo a los 5 millones de beneficiarios colaterales como talacheros, choferes, mecánicos, refaccionarias, entre otros.
Ambos dirigentes de transportistas demandaron que antes de ser ratificada por el Senado de la República, esta iniciativa, se cree un mecanismo de financiamiento similar o igual al que prevé el TLC, donde para el cambio de vehículos se da con intereses del 3 al 6 por ciento anual, que es una acción que le corresponde ejecutar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Economía, así como a la Banca de Desarrollo en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Por su parte, Max Correa, secretario general de la Central Campesina Cardenista (CCC), solicitó al Consejo Rector del Pacto por México, incluir en la agenda campesina, rumbo al Pacto del Estado con el Campo, el tema del transporte de carga de alimentos, por ser un aspecto vital y estratégico para el éxito de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Asimismo, hizo un llamado al presidente Enrique Peña Nieto, al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y al secretario de Comunicación y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, a proteger a más de 300 mil transportistas hombre-camión de la “arbitrariedad” de cambiar sus unidades por nuevas y de hasta 5 años como máximo de antigüedad, para que sean sujetas de emplacamiento federal.
El dirigente campesino, que ofreció su total respaldo a los dirigentes transportistas, indicó que el tema de transporte de carga de productos agrícolas es “estratégico” por lo que también se le solicitará a la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, la inclusión del tema en el Consejo de la Cruzada Nacional contra el Hambre o de lo contrario, “dejar en manos de empresas monopólicas del transporte la Cruzada, irá al fracaso”, subrayó.
Max Correa Hernández, en su calidad de coordinador general del Congreso Agrario Permanente, dijo que en el transporte de carga de alimentos reclama condiciones de competencia leal y por ello es urgente eliminar el doble remolque en carreteras.
Asimismo, en el marco del anuncio de la reforma financiera, el líder del CAP hizo un llamado a los legisladores para que, en cuanto tengan la iniciativa, incluyan el acceso al financiamiento, a créditos con tasa de interés entre el 3 y 6 por ciento, a los transportistas de carga de productos agrícolas para que puedan renovar su flota vehicular.