Guillermo Pimentel Balderas
Legisladores locales y federales del PRD exigieron fincar responsabilidades a la PROFECO y a las Secretarías de Agricultura, y Economía y demandaron frenar de manera inmediata la especulación y el alza en el precio del huevo que sin justificación alguna tiene un precio de 40 a 46 pesos por kilogramo en varias regiones del país.
Gabriel Godínez y Alejandro Ojeda, asambleístas y la diputada federal Aleida Alavés, pidieron se sancione ejemplarmente a los especuladores y que se den a conocer los nombres de los abusadores, sean personas físicas o morales porque de todas maneras están afectando los bolsillos de millones de familias de escasos recursos y cuyo alimento básico es el huevo.
Señalaron que se les deben fincar responsabilidades a las autoridades de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y de las Secretarías de Economía (SE), Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), por actuar con lentitud para frenar el incremento al producto avícola frente a justificaciones infantiles de parte de los productores argumentando que se trata de una alza estacional provocada por la temporada de cuaresma.
Expresaron que no hay justificación alguna para elevar este producto de la canasta básica y que debe haber castigos ejemplares, procedimientos penales, además de que se den a conocer a los encarecedores, sea quien sea.
Es inadmisible, sostuvieron, que se alegue cualquier baja en la producción, ya que según la SAGARPA, en el primer bimestre de 2015 la producción aumentó 2.7 por ciento anual y las importaciones 21.8 por ciento.
Resulta también tragicómico, declararon, que se argumente que el alza se haya dado ser por una causa estacional, como es el hecho de la temporada de vigilia con motivo de la Semana Santa, o por la gripe aviar en Estados Unidos, sin descontar la devaluación del peso frente al dólar, pues hay que recordar que mucho del mercado interno se abastece con importaciones.
Los legisladores perredistas –a través de un comunicado-, llamaron tanto a la PROFECO, como a la Secretaría de Economía que si se detecta un incremento injustificado, las sanciones que se apliquen a los productores sea las máximas posibles, que pueden llegar a los 3.8 millones de pesos por cada operación de venta.