La diputada federal Carmen Lucía Pérez urgió al Senado de la República a que apruebe el dictamen a la iniciativa que reforma el artículo 215 Bis del Código Penal Federal, para equiparar como delito de abuso de autoridad a la acción de establecer el condicionamiento para el ingreso y permanencia en la educación pública y gratuita.
Recordó que el dictamen fue aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 29 de abril de 2013, y sanciona con 3 días hasta 3 años de prisión y multa hasta de 300 días de salario mínimo, a quien en el ejercicio de funciones de autoridad escolar impida el ingreso, retenga documentación o condicione la permanencia de cualquier alumno en los centros de educación en los niveles básico o medio superior, a cambio de la entrega de contraprestaciones económicas en dinero o en especie.
Por ello, ante esa indiferencia de los senadores de la república, planteó solicitar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) vigilar de manera permanente a quien o a quienes abusen de su autoridad para obligar o presionar a los padres a pagar las llamadas cuotas “voluntarias” y, en su caso, aplicar la sanción correspondiente.